En Túnez, el Gobierno ha restringido aún más las libertades civiles y ha acosado y perseguido a dirigentes sindicales. Las autoridades aprobaron el Decreto núm. 54, en virtud del cual la mera expresión de disconformidad, protesta o reivindicación se castiga con penas de hasta cinco años de cárcel y multas de 50.244 TND (16.279 USD). Las autoridades han aplicado dicho decreto con el máximo rigor. Ante la amenaza de semejantes sanciones, resulta muy arriesgado para los activistas sindicales desempeñar sus funciones normales.
Al mismo tiempo, la Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ha estado vigilando decenas de páginas de redes sociales dedicadas a atacar el sindicalismo y a demonizar la labor de los sindicatos y a los sindicalistas. El 3 de mayo de 2023, la Fiscalía encarceló a Nasser Ben Amara, secretario general del Syndicat de base des agents et cadres du ministère des Affaires culturelles, por una publicación en Facebook en la que criticaba al presidente de la República. En el posterior juicio fue absuelto de las acusaciones de desacato por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Arresto de un dirigente sindical
Taher Mezzi, secretario general adjunto encargado del sector privado en la UGTT, fue detenido el 29 de febrero de 2024 en lo que, según la UGTT, fue “una decisión puramente política y un asunto inventado”. La UGTT pide la liberación de Mezzi y el sobreseimiento del caso, y considera que el objetivo de la detención, que se produjo justo antes de un movimiento de protesta programado en La Kasbah, era debilitar y amenazar al sindicato, y obstaculizar las actividades del movimiento sindical independiente en general.