En los últimos años, el país caribeño ha visto una completa desintegración de los servicios públicos, el desmoronamiento del Estado de derecho y la violación generalizada de los derechos humanos.

La actual administración del Jovenel Moïse ha provocado niveles de corrupción endémica no vistos desde el final del régimen autocrático de Duvalier en 1986. El año pasado, el Tribunal de Cuentas de Haití documentó la malversación de 1.459 millones de euros de un acuerdo petrolero con Venezuela, destinado originalmente a proyectos de desarrollo e infraestructura y en la que están involucrados empresarios haitianos, la clase política y el propio presidente.

La corrosión de la aplicación de la ley ha dado paso a la toma de control por parte de bandas criminales provocando horribles matanzas cada vez más comunes en el país. En 2018, 71 personas murieron en la matanza de La Saline, un barrio pobre de la capital Puerto Príncipe. Investigaciones independientes han señalado la conexión del Gobierno con el baño de sangre, pero la mayoría de los perpetradores nunca han sido imputados. Desde entonces se han producido atrocidades similares, como el episodio que tuvo lugar a principios de septiembre, cuando 12 personas fueron brutalmente asesinadas.

Los sindicalistas son víctimas de una represión sistémica, con una ola de despidos, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte dirigidas contra los pocos sectores en donde los trabajadores han podido organizar sindicatos, tales como la educación, el sector público y las zonas francas de exportación. Los ataques contra los sindicatos por parte de los ministros gubernamentales son moneda corriente. El ministro de Educación transfiere a los dirigentes del sindicato de la educación, contra quienes se han emitido órdenes de detención. El ministro de Obras Públicas, intentando por todos los medios acelerar la privatización del sector eléctrico, ha expedido órdenes de detención contra los líderes del sindicato de la electricidad.

Otro ejemplo de la corrupción y el abuso endémicos es el de las denuncias fundadas de abuso sexual sistemático de niñas en la academia nacional de fútbol y la confiscación de sus pasaportes. El presidente de la federación nacional de fútbol, Yves Jean-Bart, y otros tres funcionarios han sido suspendidos por la FIFA mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Moïse gobierna como dictador de facto, ya que las elecciones legislativas previstas para el año pasado nunca se celebraron y el país carece actualmente de representación parlamentaria. Actualmente está a punto de arrogarse aún más poder tras convocar recientemente un referéndum para reformar la Constitución, el cual no puede tener lugar de forma libre o legítima en las condiciones actuales.

“La comunidad internacional se ha cruzado de brazos mientras el pueblo trabajador de Haití soporta implacables abusos y dificultades por parte de una élite violenta y corrupta. Moïse se ha beneficiado personalmente de esta apatía. Se siente facultado para seguir gobernando por la fuerza sin temer las consecuencias que vengan del extranjero”, constata Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Solo rompiendo el silencio en la esfera internacional la sociedad civil haitiana será capaz de reunir fuerzas para restaurar la democracia”.

En respuesta a la necesidad de actuar en este sentido, la CSI y sus organizaciones afiliadas haitianas, CTH y CTSP, son cosignatarias de “StopSilence Haiti” una nueva coalición internacional de organizaciones de derechos humanos que exigen el fin de la impunidad en el país y rechaza el acaparamiento de poder de Moïse. Para más información sobre la campaña consulte https://www.cetri.be/STOP-SILENCE-HAITI?lang=fr