Guatemala: la dimisión del Presidente es un avance para la democracia y el Estado de Derecho

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La renuncia al cargo presentada por el Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina tras emitirse una orden de arresto contra él por corrupción es un paso positivo hacia el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el país.

La orden fue emitida después de que la Asamblea Legislativa del país decidiera por unanimidad retirarle la inmunidad en un caso de fraude aduanero que supuestamente les permitió a él y a sus asociados ganar millones de dólares.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente creado en 2006 por medio de un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, ha desempeñado un papel crucial a la hora de sacar a la luz la participación de la élite gobernante del país en casos de fraude y corrupción. Diversos Gobiernos, la CSI y otros grupos hicieron fuertes presiones para que la Comisión prosiguiera con su labor cuando el mandato anterior de la misma expiró a finales de 2014.

Víctor Báez Mosqueira, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Organización Regional de las Américas de la CSI, ha expresado: “Este es un paso crucial, y la comunidad internacional tiene que mantener la presión para garantizar la consolidación de los procesos e instituciones democráticas en Guatemala. Los derechos laborales, la protección social y poner término a la impunidad de los perpetradores de crímenes contra sindicalistas y demás defensores de la democracia a lo largo de muchos años, son factores esenciales para que se pueda instaurar un cambio real y duradero. El pueblo de Guatemala no tiene por qué seguir sujeto al mismo sistema corrompido en el que sólo se aplican cambios superficiales.”

Guatemala ha estado clasificado durante muchos años como uno de los países más peligrosos del mundo para los sindicalistas: al menos 74 sindicalistas han sido asesinados desde 2004 y los responsables de estos asesinatos gozan de una impunidad total.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha declarado: “La situación en Guatemala es otro ejemplo más de los profundos vínculos que existen entre la corrupción y las violaciones de los derechos laborales y otros derechos humanos. Los responsables de la corrupción tienen que asumir también la pesada carga de culpabilidad por el régimen de terror que han estado infligiendo a las personas que se atrevieron a defender la democracia y los derechos humanos, y ya es hora de que todos ellos sean llevados ante la justicia”.

Se teme que la corrupción, rasgo característico de la política guatemalteca, pueda seguir jugando un papel importante en los resultados de las próximas elecciones generales previstas para este 6 de septiembre.