Después de haber sido informados sobre el cambio del lugar de trabajo, por el cual serían trasladados a cerca de 150 kilómetros sin recibir ninguna prestación por complemento o servicio de transporte diario, tres trabajadores iniciaron acciones de protesta contra la empresa de ferrocarriles georgianos convocando una huelga de hambre sentados frente a la sede de la empresa. A pesar de contar con el apoyo de sindicalistas y activistas comunitarios, los trabajadores fueron obligados a abandonar las instalaciones, tras lo cual las autoridades destruyeron su campamento. La policía dispersó la manifestación y detuvo a decenas de activistas.

“Una vez más, las maniobras entre bastidores por parte de los empleadores han debilitado lo que debería haber sido una legislación para proteger adecuadamente a los trabajadores de situaciones abusivas”, ha declarado Sharan Burrow. “El Gobierno de Georgia fracasa sistemáticamente a la hora de garantizar los derechos de los trabajadores y sus sindicatos. Georgia es con frecuencia un núcleo de abusos y vulneraciones, y la empresa de ferrocarriles georgianos es un ejemplo evidente de ello. Cuando las empresas estatales reprimen los derechos de los trabajadores, el activismo y el diálogo con los sindicatos, las empresas del sector privado pueden disfrutar de un control absoluto sobre los trabajadores”.

Georgia firmó un Acuerdo de Asociación de la UE, comprometiéndose a adaptarse a los valores y principios de la UE. La reciente falta de respeto por el diálogo social y el fracaso a la hora de garantizar los derechos de los trabajadores a la reunión pacífica y a llevar a cabo acciones de protesta, proyectan la imagen contraria. “La situación tiene que cambiar de inmediato”, ha añadido Burrow.

Para más información, consultar la carta de la CSI, la CES y la ITF (en inglés)