En la noche del 31 de octubre de 2019, trabajadores de autobuses mantenían una reunión sindical en la ciudad de Bacólod, capital de la provincia de Negros Occidental, cuando el edificio fue tomado de asalto. En otros puntos de la ciudad, ocho personas, incluyendo cuatro menores, fueron retenidos a punta de pistola. Diversos testigos indicaron que individuos no uniformados entraron en la propiedad y colocaron armas de fuego. Los 43 adultos detenidos fueron acusados de posesión ilegal de armas.
Las incursiones continúan, y se teme que pudieran dirigirse contra otros sindicalistas en los próximos días o incluso horas. Frente a este abuso de poder, los sindicatos están tomando medidas de precaución para salvaguardar la seguridad de sus miembros.
“Con la excusa de combatir el crimen, este Gobierno está dirigiendo sus ataques contra defensores de los derechos humanos y sindicales, como parte de una estrategia deliberada que se apoya en la supresión de los derechos y libertades de los ciudadanos”, indicó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
Este último ataque se produce teniendo como telón de fondo un clima de represión estatal en Filipinas. La ‘guerra contra las drogas’ ha sido responsable de cerca de 27.000 ejecuciones extra-judiciales registradas desde que fuera lanzada por el presidente Duterte. La OIT y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resolvieron enviar misiones de alto nivel para evaluar la situación de los derechos humanos, tras los numerosos informes de ejecuciones extra-judiciales y represión hacia los sindicatos y sus miembros.
Aunque el Gobierno se comprometió recientemente a investigar el asesinato de 43 sindicalistas durante una reunión con la CSI en agosto, no se ha registrado progreso alguno, y el Gobierno todavía no ha aceptado la misión de la OIT al país, mientras que la violencia contra los activistas prosigue con total impunidad.
“El Estado de derecho es fundamental y los servicios de seguridad deben tratar a todos los ciudadanos de manera imparcial. Lo que estamos viendo en Filipinas es una flagrante apropiación de las fuerzas de seguridad por parte del partido gobernante para socavar la organización sindical y, en general, acallar las voces disidentes a fin de consolidar su poder político.
”El movimiento sindical internacional no puede permitir que esto suceda. Exigimos al Gobierno que se detengan los asesinatos y la represión contra los sindicalistas y que se reciba a la misión de la OIT para investigar la situación con la mayor urgencia”, afirmó Burrow.
Información adicional (en inglés):
• UNI Global Union condena las redadas policiales y la detención de Anne Krueger en Filipinas
