En un informe exclusivo, la plataforma de periodismo de investigación Reporter Brasil revela la forma en que las inversiones internacionales están generando una grave crisis ecológica y de derechos humanos en Paraguay. La investigación, respaldada por la CSI, destaca un préstamo de 85 millones de USD a Minerva de parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial.
El crecimiento vertiginoso de la producción de carne en los últimos años se ha basado en la explotación de trabajadores indígenas y en la destrucción de los bosques secos, únicos en su género, del Chaco, en América del Sur. La demostración de estas prácticas en la región fue clara en 2013, cuando se aprobó la financiación de Minerva. En esa época, la IFC clasificó la inversión en su categoría de mayor riesgo por el "potencial significativo" de impactos medioambientales y sociales negativos "diversos, irreversibles o sin precedentes".
La rama del Banco Mundial que concede préstamos privados afirmó que su inversión en Minerva ayudaría a mejorar las condiciones en el Chaco. Sin embargo, cinco años después persisten los problemas de esclavitud moderna y de destrucción del medio ambiente, y se ha avanzado poco en la responsabilidad de la cadena de suministro.
Como parte del paquete de inversión, Minerva acordó un "Plan de acción medioambiental y social". Entre otras acciones, incluyó la realización de un "sistema de verificación de la cadena de suministro", así como de un ejercicio cartográfico para identificar aquellas regiones y proveedores con mayor probabilidad de permitir el trabajo infantil y forzoso. Sin embargo, la empresa no cumplió con el plazo para cumplir estos compromisos. En la actualidad, no está claro si la CFI responsabiliza a Minerva y garantiza a su vez la implementación de las medidas necesarias para prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil en la cadena de suministro de la carne vacuna.
"Conceder un préstamo de esta magnitud para aumentar las inversiones sin una condicionalidad estricta en una región donde se están llevando a cabo violaciones a los derechos humanos a gran escala y la destrucción del medio ambiente fue una decisión cuestionable. Pero luego dejar la puerta abierta a la esclavitud y al trabajo infantil es realmente un escándalo”, afirmó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
Los sindicatos de Paraguay han denunciado la complicidad del Gobierno al permitir que las violaciones a los derechos queden impunes. Las inspecciones laborales en las explotaciones ganaderas son raras y las autoridades locales carecen de los recursos humanos y materiales más elementales para hacer cumplir la ley. Aun cuando la inmensidad del Chaco, una zona aproximadamente del tamaño del Reino Unido, constituye un obstáculo para la aplicación de la ley, no es una razón para que se permitan violaciones de los derechos laborales y ambientales.
"La CFI debe demostrar que sus salvaguardas no son letra muerta y garantizar que Minerva haga esfuerzos inmediatos y proactivos para poner alto al trabajo forzoso y al trabajo infantil. Minerva necesita un sistema seguro y eficaz de verificación de la cadena de suministro y una supervisión activa de los proveedores", indicó Burrow. "En última instancia, el Gobierno es el responsable de no proteger a los trabajadores y dejar que los intereses del poder corporativo prevalezcan sobre los derechos humanos fundamentales".
Leer el informe detallado de Reporter Brasil.