El ejército derrocó ayer al Presidente Mohamed Morsi, reemplazándolo por el presidente del Tribunal Constitucional Supremo Adli Mansour, y suspendió la controvertida Constitución del país.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha dicho: “Doce meses de régimen autocrático y partidista, seguidos del derrocamiento militar del Presidente Morsi, constituyen un enorme revés para la democracia. Egipto dispone ahora de una segunda oportunidad para construir una democracia que respete los derechos e intereses de todas las mujeres y los hombres y que garantice la justicia social. El ejército tiene que mantenerse al margen y permitir que los civiles tracen el rumbo a seguir. El año pasado el Gobierno en el poder parecía más que nada interesado en cambiar el marco legal y social de Egipto con el fin de ajustarlo a la ideología de un segmento de la población, mientras que la economía nacional se derrumbaba a causa de la negligencia política.

Desempleo masivo, inseguridad económica, denegación de los derechos legítimos de los trabajadores y discriminación contra las mujeres han sido factores claves que han contribuido al creciente descontento de la población. Las divisiones en Egipto son en estos momentos más profundas que nunca y el pueblo necesita ser de inmediato testigo de un diálogo abierto y genuino que permita el establecimiento de un sistema realmente democrático que unifique, no que divida.”

Durante las recientes manifestaciones decenas de personas han perdido la vida y cientos más han resultado heridas. En los últimos cuatro días, se han denunciado además un centenar de casos de mujeres manifestantes que han sido víctimas de brutales agresiones sexuales en las inmediaciones de la plaza Tahrir.
“Existe un verdadero peligro de que la violencia se intensifique, y la gente necesita protección de las amenazas físicas y poder confiar en que se ha puesto en marcha un proceso político justo y abierto”, añadió Burrow.