Desde que emprendió su “guerra contra las drogas” en 2016, el presidente Duterte ha dirigido un brutal régimen de terror en el marco del cual innumerables personas han sido asesinadas y detenidas de forma indiscriminada, entre ellas muchos sindicalistas.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: “Hay que poner inmediatamente fin a la violencia en Filipinas e investigar a fondo los crímenes que se han cometido.

“Este Gobierno no ha protegido a sus ciudadanos, ha vulnerado derechos humanos y sindicales básicos y ha permitido que se siga asesinando a activistas sindicales con total impunidad.

“Como primera medida, el Gobierno filipino debe comprometerse a negociar con los sindicatos un plan de acción con plazos concretos y aceptar sin demora la visita de una misión tripartita de alto nivel de la OIT que garantice el cumplimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT de 2019. Pero, ante todo, queremos que este régimen cambie: queremos un Gobierno que defienda los derechos y las libertades democráticas”.

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