La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, declaró que “Los Gobiernos deben actuar con celeridad estableciendo planes urgentes de estímulo económico y medidas a nivel de los lugares de trabajo, para proteger la salud y los ingresos de los trabajadores y sus familias y estabilizar la economía real.
Las enormes presiones ejercidas sobre los sistemas de salud a causa del coronavirus (COVID-19) están provocando considerables desafíos a la salud pública. Los profesionales de la salud están en primera línea frente al impacto económico, social y sanitario de la crisis y, aunque los trabajadores de todos los sectores se exponen a riesgos, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por el coraje mostrado por trabajadores de la salud y los cuidados, que asumen la carga inmediata en cuanto a mitigación y tratamiento.
Unos paquetes de estímulo económico urgente deberán incluir: bajas remuneradas por enfermedad, manteniendo los ingresos para cubrir los gastos de vivienda, electricidad, alimentación y otros bienes esenciales, y extensión de la protección social a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su relación contractual de empleo. Sólo de esa manera se podrán mantener los empleos y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas (PyME). Si se han aprendido las lecciones de la crisis en 2008/9, está claro que el objetivo central ha de ser brindar apoyo a los ingresos que necesitan las familias trabajadoras y que benefician a las empresas, y no el rescate de bancos e instituciones financieras. Los Gobiernos tendrán que cooperar e implicarse con instituciones multilaterales para gestionar las consecuencias sobre países con menos posibilidades de responder y garantizar una ayuda vital y las capacidades necesarias para hacer frente a la amenaza que representa el COVID-19”.
Steven Cotton, secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y presidente del CGU, declaró: “Reconocemos que esta pandemia representa un entorno difícil para hacer negocios, pero los empleadores han de actuar de manera decisiva y responsable, proporcionando la debida protección a los trabajadores a lo largo de sus cadenas de suministro. Empezando por su obligación de diligencia protegiendo a los trabajadores de la transmisión del coronavirus, que ha de extenderse a proteger también sus salarios independientemente de su relación contractual, garantizando permisos remunerados por enfermedad y condiciones de trabajo flexibles durante esta crisis. Instamos a los empleadores a dar prioridad a los derechos y el bienestar de sus trabajadores, actuando todos colectivamente en respuesta a los desafíos planteados por el COVID 19”.
