En la Conferencia Ministerial de la OMC de este año, celebrada en Abu Dhabi del 26 de febrero al 1 de marzo, la delegación de la CSI insistió en un marco comercial que dé prioridad a los derechos de los trabajadores y promueva la justicia social, al tiempo que apoye un programa de desarrollo para que las economías emergentes conserven el espacio político necesario para llevar a cabo una transformación estructural sin restricciones.

El Secretario General de la CSI, Luc Triangle, señaló a este respecto: “Desde su creación, la OMC ha facilitado el comercio a expensas de los derechos laborales. La inclusión de los derechos fundamentales de los trabajadores en la política comercial debía haberse producido desde hace mucho tiempo”.

Durante la conferencia, la CSI organizó una mesa redonda con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio de Sudáfrica, Ebrahim Patel, sobre la integración de la justicia social y los derechos laborales en las políticas comerciales.

En el curso de la discusión, Luc Triangle afirmó: “La CSI considera que el respeto de los derechos laborales está implícito en la OMC, en la medida en que la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo se aplica a los Estados Miembros de la OIT que son miembros a su vez de la OMC. Instamos a una mayor cooperación entre la OMC y la OIT a fin de fomentar la inclusión de las normas del trabajo en la labor de la OMC, en consonancia con la Coalición Mundial de la OIT para la Justicia Social”.

En la discusión se presentaron propuestas relativas a la creación de un grupo de trabajo específico sobre trabajo y comercio encargado de impulsar la inclusión de los derechos laborales en el programa de la OMC.

No obstante, la Conferencia Ministerial concluyó con resultados concretos mínimos y se vio empañada por la preocupación que suscitaron las violaciones de la libertad de expresión, entre las que figuran la detención de participantes y las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil.