Según la información recibida por la CSI, el dirigente sindical había estado implicado en la denuncia de posibles hechos de corrupción que se venían presentando en relación con personal directivo de la Cárcel de Mujeres y ya había sido objeto de amenazas y víctima de un atentado. Pese a la insistente solicitud de la Central General de los Trabajadores (CGT) para que se le asignara un esquema de seguridad, el gobierno no atendió la solicitud.

En una carta enviada a las autoridades colombianas, la CSI se sumó a la CGTen su solicitud al gobierno colombiano de que se tomen todas las medidas necesarias a fin de clarificar los móviles de este asesinato e identificar y sancionar ejemplarmente, a sus autores materiales e intelectuales .

“Las autoridades de Colombia deben tomar con urgencia las medidas necesarias y efectivas para garantizar en todo momento la integridad física de los y las sindicalistas colombianos” insistió Guy Ryder, Secretario General de la CSI.