El hecho fue perpetrado el 1 de mayo desde un vehículo como los que utiliza la empresa Hidro Santa Cruz, que construye una central hidroeléctrica contra la voluntad de la mayor parte de la población, que reclama el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Los tres líderes campesinos se negaron a vender sus tierras a Hidro Santa Cruz, por lo que habían sufrido persecución legal por parte de empresa. Además, descubrieron y denunciaron a las autoridades correspondientes la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa. Andrés Francisco Miguel lideraba el movimiento de vecinos que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.

El Presidente Otto Pérez Molina decretó el estado de sitio en la región después del ataque. Lo que preocupa a la CSI es que no lo decretó para detener a los responsables de este hecho, sino para proceder a capturar, sin la orden judicial correspondiente, a otros miembros del movimiento que luchan por la defensa de sus tierras, de su territorio y del medio ambiente.

“No podemos aceptar que el Presidente Pérez Molina decrete el estado de sitio en la región para poder desmantelar los movimientos populares y beneficiar los intereses empresariales, que violan la soberanía y se llevan los recursos naturales. La CSI condena enérgicamente esta política de terror, detenciones, desapariciones ilegales y de asesinatos contra los trabajadores y trabajadoras y la población civil, que debería haber terminado el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.

En una carta enviada a las autoridades guatemaltecas, la CSI reclama que se levante inmediatamente el estado de sitio, que se inicie una investigación con presencia comunitaria sobre las infracciones a la ley por parte de la empresa, y que se investigue el asesinato del líder campesino.