Debido a los déficits de trabajo decente, a la xenofobia, el racismo y la discriminación, los conflictos y la mitigación y adaptación insuficientes al cambio climático (en particular, las respuestas inadecuadas a las catástrofes naturales), muchas personas no tienen más remedio que aceptar empleos precarios o condiciones de trabajo indignas cuando abandonan su país.
Los actuales marcos de gobernanza de la migración no ofrecen una solución a estos retos, y a menudo acaban creando un subgrupo de trabajadores y trabajadoras vulnerables a la explotación.
Se necesita con más urgencia que nunca un nuevo contrato social que contribuya a crear unas sociedades y unas economías más inclusivas, en las que los migrantes y sus familias puedan trabajar y vivir con dignidad.
Los trabajadores reclaman una gobernanza de la migración basada en los derechos, que se diseñe, aplique y supervise a través del diálogo social y donde las normas internacionales del trabajo –como los derechos a la Libertad sindical y a la negociación colectiva– estén en primer plano.
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