En una rueda de prensa, el presidente de Histadrut, Arnon Bar-David, ha declarado que la huelga pretende obligar al Gobierno a abandonar sus planes y “devolver la cordura al Estado de Israel”.

Los cambios supondrían someter los nombramientos judiciales al control directo del Gobierno, despojar al Tribunal Supremo de poderes de control jurisdiccional y mermar la supervisión jurídica de los Ministerios del Gobierno.

El anuncio de Histadrut cuenta con el respaldo de empleadores, asociaciones profesionales, académicos y otros sectores clave de la economía y la sociedad israelíes. Las protestas públicas masivas vienen prolongándose ya varias semanas, y el Tribunal Supremo y la Fiscalía han denunciado la ilegalidad de los cambios.

La CSI apoya plenamente la firme oposición de Histadrut a los planes del Gobierno, que han sido efectivamente impulsados por elementos de extrema derecha de la coalición gobernante.