Tres importantes federaciones sindicales –la CGT, la CTA-T y la CTA-A– se han unido para hacer frente a la grave amenaza que supone para las libertades civiles y los derechos fundamentales de los trabajadores la iniciativa de Milei de resucitar políticas neoliberales obsoletas y desacreditadas.

El secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha declarado: “Los peores temores de nuestras organizaciones afiliadas con relación al régimen de Milei se están haciendo realidad, y nos solidarizamos con ellas en su movilización por la democracia este 24 de enero.

“La democracia no consiste solo en votar, sino también en proteger los valores, las libertades y los derechos, todos ellos fundamentales para el movimiento sindical, y todos ellos actualmente amenazados en Argentina.

“Las acciones del Gobierno de Milei tratan de recrear los días más oscuros de la dictadura, y requieren una respuesta fuerte y unida por parte del movimiento sindical mundial. Nos solidarizamos plenamente con los trabajadores y las trabajadoras de Argentina en su defensa de la justicia y la democracia”.

Desde su elección como presidente el pasado 19 de noviembre, la Administración de Milei ha anunciado medidas de austeridad extremas, a las que él mismo denomina “terapia de choque”, para lo cual ha introducido tres importantes iniciativas represivas que van a afectar a los trabajadores y a la sociedad en general, a saber:

• El "protocolo de Bullrich”, cuyo objetivo es criminalizar las protestas públicas de los sindicatos o de cualquier otro grupo de la sociedad civil que intente defender sus derechos.
• Un decreto para desmantelar, desregular y privatizar los servicios públicos, en particular la educación, la sanidad y las instituciones culturales, escudándose en los poderes constitucionales de emergencia.
• La denominada “ley ómnibus”, que declara el estado de emergencia en numerosos sectores para consolidar la autoridad en manos del presidente, otorgándole el control de las funciones legislativas y permitiéndole efectivamente gobernar sin suficiente supervisión democrática.

Estas medidas han desencadenado protestas generalizadas en Argentina, y la participación de los ciudadanos en cacerolazos nocturnos, y han sido objeto de duras críticas por parte de sindicatos y organizaciones de derechos humanos que han denunciado el intento del Gobierno de abolir los derechos laborales y los derechos a la vivienda, la sanidad, la tierra y la protección medioambiental.