Desde hace más de un siglo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se esfuerza en promover políticas que favorezcan el trabajo decente en todo el mundo, entre muchos otros motivos porque (según el consenso internacional) el trabajo decente es la pieza angular para alcanzar y mantener paz, posibilitar la recuperación y potenciar la resiliencia. En Burkina Faso, la idea ha ganado terreno y se arraiga muy lentamente en la cultura del empleo. Pero en el horizonte de esta obra en plena construcción se perciben socavones gigantescos, no solo por el actual golpe de Estado que vive el país y la toma del poder por fuerzas militares (desde el 24 de enero), también por la inseguridad creciente y las crisis alimentarias crónicas vinculadas al cambio climático.

Según el Banco Mundial, Burkina Faso es “un país sahariano de bajos ingresos y recursos naturales limitados” donde el 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza –y un 11% de estos en la pobreza extrema–, sobre todo en las zonas rurales. En estas, el sector agropecuario y silvícola emplea a casi el 80% de la población activa. Con casi 21 millones de personas, el país cuenta con una población muy joven, ya que el 78% de los burkineses tiene menos de 35 años. Y una proporción de empleo informal que ronda el 95%.

Además de las crisis crónicas alimentarias que han asolado al país durante décadas, la creciente inseguridad, que acaba de culminar en golpe, ha trastocado las vidas de muchas comunidades desde 2018. Por ejemplo, debido a los ataques y amenazas de grupos armados, al inicio del año escolar de 2021, alrededor del 11% de los centros educativos permanecían cerrados (2.682 escuelas). A lo que se añade otro dato: Burkina Faso contabiliza más de 1,4 millones de desplazados internos, lo que representa el 6% de su población. Cifras que previsiblemente aumentarán próximamente, si bien se desconocen con certeza en estos momentos (al cierre de la edición del presente artículo).

Balance “decepcionante” de las políticas de empleo de la última década

En este contexto, Burkina Faso, que es miembro de la OIT desde 1960 y ha ratificado 43 convenios internacionales del trabajo, inició recientemente la revisión de su código laboral. También en ese contexto trata de implementar las políticas de promoción del empleo y del trabajo decente, y eso desde 2004, año en el que la cumbre de la Unión Africana de Uagadugú dio el pistoletazo de salida a las políticas de reducción de la pobreza mediante la creación de empleo en el continente.

Pero no cualquier tipo de empleo. En 2007, una primera agenda de trabajo decente estableció un marco de referencia para el período 2007-2015.

Y es que “África es el continente con el mayor número de trabajadores pobres del mundo. El problema no es la falta de esfuerzo. La gente en África trabaja duro día tras día (…). Es hora de tomar medidas que estén a la altura de sus aspiraciones”, proclamó el entonces director general de la OIT, Juan Somavia, en la presentación de esa agenda.

A partir de 2015, la OIT, de la mano de la Unión Africana, lanzó un ambicioso programa centrado en los jóvenes, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social. Para apoyar a los Estados miembros a implementar la agenda de trabajo decente, la OIT estableció los llamados ‘Programas de trabajo decente por país’ (PTDP). Estos programas permiten definir los resultados esperados y las actividades previstas para alcanzarlos, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo y los actores que intervienen en su realización. Y a ello se añade una serie de indicadores para medir el nivel de ejecución del programa. En Burkina, el PTDP ha venido elaborándose con un enfoque participativo, es decir, implica a los diferentes actores nacionales (sindicatos, patronal y gobierno) y se aprueba por decreto en el Consejo de Ministros.

Los PTDP, lejos de ser programas estanque, se entremezclan con las políticas nacionales de empleo y protección social. Es el caso de la política sectorial de Trabajo, Empleo y Protección Social en curso. Esta política integra todos los principios de la promoción del trabajo decente, la protección social y el empoderamiento socioeconómico de las mujeres.

No obstante, en 2020, cuando la OIT llevó a cabo un primer balance de diez años de intervención en el campo del empleo juvenil (2009-2019), las conclusiones no fueron alentadoras. Según el documento, si bien un número significativo de jóvenes lograba entrar en el mercado laboral cada año, éstos apenas lograban ganarse la vida y tener un futuro mejor, lo que se debía al aumento del empleo informal y precario para los jóvenes y a una integración profesional que cada vez se demoraba más en el tiempo. Diez años después de su adopción, los resultados de la política nacional de empleo eran “decepcionantes, en el mejor de los casos dispares”, sentenció la OIT.

Diálogo tripartito: el ‘Programa de trabajo decente por país’ en acción

El diseño y la implementación del PTDP actual (2020-2022), si bien está por ver qué pasará a raíz del golpe de Estado, viene construyéndose con el apoyo de las organizaciones de trabajadores, en particular con la Confederación Nacional de Trabajadores de Burkina (CNTB), el Consejo Nacional del Patronato (CNPB) y actores estatales como la Dirección General del Trabajo (DGT). De hecho, uno de los principales resultados clave del programa ha sido la promoción y el fortalecimiento del diálogo tripartito.

Pero esta articulación de esfuerzos entre los tres actores parece ser uno de los principales desafíos para el avance de las políticas y programas nacionales que se derivan del apoyo de la OIT, señalaron a Equal Times diversas fuentes.

Para Ferdinand Zoungrana, jefe del servicio legal, fiscal y social de la patronal CNPB, los protagonistas del mundo laboral están dispuestos y decididos a avanzar en el PDTP, pero la voluntad política debería ser más fuerte: “Se ha conseguido el compromiso de los actores sociales, pero el gobierno tendría que trabajar en simbiosis para que no sigamos con la misma cancioncilla. Mientras no exista la voluntad política para apropiarse realmente de los proyectos, éstos se llevarán a cabo, pero con resultados decepcionantes una y otra vez”, señaló Zoungrana.

Marcel Zandé, secretario general de la confederación sindical CNTB, destacó por su parte que el compromiso de los actores es insuficiente y los objetivos no se han cumplido: “Los puestos de trabajo que se han creado están lejos de los objetivos previstos y menos de la mitad de ellos cumplen los requisitos del empleo decente. Si un empresario se puede permitir renovar un contrato las veces que quiera, eso no es un trabajo estable. Por ejemplo, en el sector de la minería, los salarios son superiores a la media, pero el trabajo es precario y no respeta el ámbito del trabajo decente”.

A la falta de sinergia entre los diferentes actores, la inseguridad contextual es el otro gran (y obvio) obstáculo: “Cada actor defiende sus propios intereses y es difícil definir quién interviene a qué nivel. Además, el impacto de la seguridad es sistémico y las empresas tienen dificultades para prosperar en este entorno inestable, los efectos de los programas se ven mermados”, añadió Zoungrana.

Uno de los mayores retos, explica Zandé, es la finalización de los convenios colectivos sectoriales, que constituye un punto clave del PDTP: “Nos gustaría que se adoptaran disposiciones sectoriales, en particular determinados convenios. Por ejemplo, la negociación de un acuerdo del sector minero está en marcha desde 2014 y aún no se ha concluido, porque es muy criticado por los inversores. Pero también el acuerdo del sector PTP [programa de obra pública] que hemos puesto sobre la mesa de la patronal o el convenio del sector cultural”.

Según Zoungrana, la principal traba para avanzar en la actualización de los convenios colectivos radicaría en la cuestión salarial: “Dependiendo del sector, hay peces gordos y peces pequeños y los peces grandes pueden negociar el convenio a su favor”.

Reforma del código del trabajo: patronal y sindicatos en la mesa de negociación

En 2021, la patronal y los sindicatos revisaron veinticinco artículos del código laboral. Más de la mitad se modificaron consensualmente, en particular los relacionados con la duración de los contratos o el número de veces que se puede renovar un contrato temporal (máximo tres veces), la indemnización en caso de despido improcedente o irregular (3 meses de salario), la baja por maternidad (15 meses) o las vacaciones pagadas y los permisos excepcionales.

Las discrepancias surgieron con las cuestiones relacionadas con el derecho de huelga, los bloqueos y piquetes, la resolución de conflictos colectivos, la representación sindical en la empresa o las actividades laborales temporales y la subcontratación.

“El código laboral fue adoptado en 2008 bajo el Gobierno de Blaise Compaoré y tenía como objetivo incentivar la llegada de inversores. Después de la relectura conjunta en 2021 hemos podido encontrar convergencias en un cierto número de disposiciones y reducir aún más las diferencias en otros puntos. Si se aprueba la ley en este sentido, la balanza se equilibrará, ya que muchas situaciones tendrán que revisarse para favorecer el trabajo decente”, valoró a finales de 2021 Zandé.

“Queríamos ponernos de acuerdo en tantos puntos como fuera posible y el resto, dejarlo en la nevera. Básicamente, estamos de acuerdo en cuál es nuestro desacuerdo. Ahora está en manos del Consejo de Ministros: vamos a ver qué pasa”, añadió Zoungrana.

Está por ver cuándo y si un futuro Consejo de Ministros dará su visto bueno a la propuesta. En caso afirmativo, el camino hacia el trabajo decente habrá dado pasos decisivos y se habrá impulsado el diálogo tripartito. Sin embargo, ya en diciembre de 2021, en medio de una situación de inseguridad y de descontento social en niveles máximos (tras un nuevo ataque terrorista que acabó con la vida de 53 personas), el presidente burkinés, Roch Kaboré, destituyó al primer ministro y su Gobierno, para nombrar a uno nuevo dirigido por Lassina Zerbo. Tras el golpe de Estado del lunes, la junta militar ha depuesto a Kaboré, suspendido la Constitución y disuelto tanto el Gobierno como la Asamblea nacional.

Con todos los interrogantes abiertos tras el golpe, y a tenor de lo ocurrido en ocasiones pasadas, una posibilidad bien real es que las autoridades (restituidas o nuevas) no integren plenamente las recomendaciones de la patronal y los sindicatos. Asimismo, el debate sobre el trabajo decente será marginal e incompleto mientras no se traten las condiciones laborales de la mayoría de la población en zonas rurales o en el sector informal.