La Ley de Enmienda de los Servicios de Salud establece que:

• Ninguna acción laboral colectiva, legal o ilegal, puede prolongarse durante un período ininterrumpido de 72 horas o más, en un período determinado de 14 días.
• Las acciones laborales colectivas deben notificarse por escrito con 48 de antelación.
• Toda persona que sea miembro del consejo de administración de un sindicato y que incite a emprender u organice una acción laboral colectiva en el ámbito de la sanidad, podría ser declarada culpable de un delito y estar sujeta a una multa o a una pena de cárcel de hasta seis meses, o a ambas.

La CSI reitera que los principios de la OIT relativos al derecho de huelga establecen que “nadie debe ser objeto de sanciones por realizar o intentar realizar una huelga legitima” y que “no deben imponerse sanciones penales a ningún trabajador por participar en una huelga pacífica”.

La legislación que impone sanciones contra las amenazas de huelga es contraria a la libertad de expresión y a los principios de libertad sindical.

Proyecto de Ley de Enmienda del Derecho Penal

La CSI también condena el Proyecto de Ley de Enmienda del Derecho Penal (Codificación y Reforma) que se encuentra actualmente en el Parlamento.

La ley hará que:

• Se considere delito “dañar intencionadamente la soberanía y el interés nacional de Zimbabue”.
• Se considere delito el hecho de que un zimbabuense solicite ayuda a un país extranjero de una manera que el Gobierno determine que menoscaba la soberanía, la dignidad y la independencia del país.
• Resulte sancionable expresarse en contra de las políticas del Gobierno, con penas que dependerán de la naturaleza de la reunión celebrada y del resultado de la misma.

Las penas aplicables a estos nuevos delitos varían, pudiendo ir desde una multa hasta cadena perpetua o pena de muerte. La nueva ley es prácticamente una réplica de la Ley de Seguridad Nacional de China, impuesta a Hong Kong en 2020.

Durante años, la CSI, la OIT, los organismos de derechos humanos de la ONU y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos han solicitado al Gobierno de Zimbabue que enmiende el código penal, que viola los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Estas leyes, bajo el gobierno de Emmerson Mnangagwa, siguen haciendo caso omiso de las obligaciones internacionales de Zimbabue.

La CSI hace un llamamiento al Gobierno de Zimbabue para que:

• Enmiende esta legislación draconiana.
• Aborde el déficit de trabajo decente que ha obligado a los trabajadores y las trabajadoras a emprender huelgas, en lugar de reprimirlos.

Los trabajadores y la ciudadanía de Zimbabue merecen un Gobierno responsable que respete sus derechos recogidos en la Constitución de Zimbabue y en los convenios internacionales del trabajo suscritos por Zimbabue.