El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, provocó protestas masivas tras anunciar una serie de recortes de amplio alcance, incluyendo una lista de medidas regresivas que afectarían principalmente a la comunidad trabajadora. Alardeó de haber despedido a 23.000 funcionarios públicos durante su mandato y que se renovarían los contratos de duración determinada en el sector público, pero aplicando reducciones salariales del 20%.
Pero Moreno subestimó la reacción de la gente trabajadora. Cientos de miles de ecuatorianos salieron a las calles en todo el país desde la semana pasada. Las protestas fueron convocadas por organizaciones indígenas, estudiantes, agricultores y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que incluye a la CEDOCUT, central afiliada a la CSI.
Por su parte, el Gobierno respondió decretando el estado de excepción y recurriendo a la policía antidisturbios para acallar las protestas. Cientos de personas han sido detenidas y al menos una ha perdido la vida en los enfrentamientos. El martes, mientras se desplegaban tanques en la capital, Quito, Moreno trasladó el Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, por temor a las manifestaciones.
“La CSI había advertido ya al Gobierno que el acuerdo crediticio con el FMI empobrecería a la población y perjudicará la economía del país. Moreno, no obstante, parece ignorar las preocupaciones de la población, sometiéndose a la élite del país y a los dictados de los tecnócratas del FMI”, declaró la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
El FMI rápidamente salió en defensa del paquete legislativo anti-obrero, siguiendo la línea marcada anteriormente de promover el debilitamiento de las protecciones laborales en Ecuador.
La situación social y económica es igualmente difícil en Argentina, donde se introdujeron idénticas políticas en el marco de la condicionalidad impuesta por el FMI. Desde el inicio del préstamo a Argentina, el fondo alabó las políticas del presidente Macri diciendo que apuntaban a “fomentar el crecimiento y la creación de empleo, además de reducir la pobreza”. Sin embargo, el país registra actualmente las peores tasas de desempleo, pobreza y desigualdad de los últimos 18 años.
“Las políticas del FMI imponen una carga enorme sobre la población trabajadora, beneficiando a las corporaciones y a las élites financieras corruptas. Tanto Argentina como Ecuador necesitan el espacio necesario para aplicar una recuperación económica invirtiendo en las personas, no imponiendo un modelo fallido que sume a los países en una crisis económica y social aún más profunda”, añadió Burrow.
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