Una mañana de septiembre, Masao Takimoto, jubilado de 87 años, leía el periódico en su casa de Kamoenai, cuando una noticia captó su atención, le arruinó el día y cambió el rumbo de esta tranquila localidad pesquera de la isla de Hokkaido, al norte de Japón. El alcalde del pueblo de 822 habitantes aceptaba un estudio preliminar para acoger un cementerio nuclear de residuos altamente radiactivos, un proceso que el gobierno japonés premia con 2.000 millones de yenes (16 millones de euros, 19 millones de dólares USD) en subvenciones.

El señor Takimoto no dudó. Escribió una carta de protesta y fue a casa del alcalde a entregarla en mano. Los días siguientes elaboró y repartió folletos alertando de los peligros del cementerio nuclear y trató de acceder a las reuniones que apresuradamente se celebraban. El periplo por informarse y hacerse oír derivó en tensiones y amenazas anónimas. No pudo evitar que el día 9 de octubre el alcalde firmase la solicitud ante la Organización de Gestión de Residuos Nucleares (NUMO, por sus siglas en inglés), un organismo cuasi gubernamental que tiene la misión de gestionar la basura radiactiva de Japón.

Mientras, a tan solo 40 km de distancia, otro pueblo pesquero de 2.900 habitantes se movilizaba rápidamente para evitar que el alcalde también se ofreciese voluntario. Suttsu, donde el 40% de sus ciudadanos son mayores de 65 años, anunció en agosto su interés en presentar la solicitud para recibir la cuantiosa subvención y combatir el despoblamiento y envejecimiento poblacional.

Haruo Kataoka, de 71 años y al mando del consistorio desde 2001 ha sido acusado de desoír a grupos civiles, a organizaciones antinucleares nacionales, a asociaciones de pescadores, a los líderes de municipios colindantes, al think tank CEMIPOS y al propio gobernador de Hokkaido. La región, gran fuente de recursos pesqueros y agrícolas, dispone de una ordenanza que se opone a la entrada de residuos nucleares.

“Queremos votar la propuesta. Nos preocupa nuestra pesca. Si la basura nuclear se instala aquí y hay problemas futuros, no podremos proteger el medioambiente, ni tampoco nuestros empleos”, afirma Toshihiko Yoshino, empresario de la industria pesquera en Suttsu. Yoshino procesa y vende el producto estrella local: ostras y alevines de sardina o anchoa. El día 10 de septiembre estableció, junto a jóvenes y mayores, la organización ‘No a la basura nuclear para los niños de Suttsu’. Recogieron firmas y pidieron un referéndum. El día 8 de octubre lanzaron una campaña para implementarlo, en colaboración con grupos civiles de la región. Fue en vano. Al día siguiente el alcalde firmaba la solicitud en Tokio. La madrugada anterior, un coctel molotov estallaría en la casa del alcalde, incidente que no dejó heridos.

A Junko Kosaka, de 71 años, le han roto la bicicleta en la que reparte folletos en contra del cementerio nuclear. Desde hace nueve años es miembro de la oposición en el ayuntamiento de Suttsu. Lamenta la tensión y discordia entre vecinos. “El pueblo no tiene problemas financieros. Hay empresas pesqueras y ventas. Recibimos un gran presupuesto gracias a ciudadanos japoneses que apoyan zonas rurales con el programa Impuestos a los pueblos”. Le sorprendió la edad de los directivos de NUMO, todos ancianos, y cree que los jóvenes han de decidir su futuro. “Me gustaría que los responsables reflexionen, que se replantee la energía nuclear. Somos un país de desastres”.

Buscando perfiles: pueblos que se vacían, futuro laboral incierto

Japón es el cuarto país del mundo que más energía nuclear produce, por detrás de EEUU, Francia y China. Repartidos por el archipiélago, 54 reactores generaban un 30% de la electricidad hasta 2011. A pesar de haber parado la mayoría de reactores tras el fatal accidente de Fukushima, la apuesta japonesa por la energía nuclear sigue siendo firme y no está exenta de polémica: 9 reactores siguen en marcha y 18 están a la espera de reactivarse para generar un 20% de la electricidad en 2030.

Desde 2002, el gobierno busca la ubicación del repositorio geológico permanente, un cementerio subterráneo a 300 metros que durante milenios contendrá residuos en estructuras de hormigón para, supuestamente, no afectar la vida y el medioambiente. Desesperado por solucionar un problema global e irreversible de la era nuclear, Japón ofrece subvenciones para animar a las localidades a acoger el cementerio. Pueblos pequeños, despoblados y con futuro incierto se sienten atraídos por la promesa del dinero y el empleo. La primera fase, de dos años, estudia la viabilidad con literatura científica. La fase siguiente es una investigación geológica preliminar durante cuatro años y el pueblo recibe 7.000 millones de yenes más. La última fase, de catorce años, profundiza en la construcción de la instalación subterránea.

¿Pero dónde están los desechos? “Se enfrían en piscinas desbordadas mientras el tiempo se agota”, responden molestos muchos japoneses contrarios a la energía nuclear.

Desde hace décadas Japón envía por barco toneladas de combustible gastado a Francia e Inglaterra para reprocesarlo, pero los residuos radiactivos resultantes han de volver al país de origen por disposición de la IAEA. Japón solo cuenta con un repositorio temporal (entre 30 y 50 años —y la mitad de ese tiempo ya se ha consumido—) en el pueblo de Rokkasho, pero 40.000 cilindros altamente contaminantes esperan un cementerio permanente (cuya construcción podría llevar un mínimo de 20 años). También debe almacenar residuos de baja intensidad, que ocupan el equivalente a ocho piscinas olímpicas. Cada vez que el operario de una central usa guantes, un traje o herramientas, la tierra se llena de basura que contamina generaciones. Francia, Bélgica, Suecia o España ya disponen de cementerios para varios siglos y Finlandia acaba de estrenar uno permanente en una de las formaciones rocosas más antigua de Europa.

En 2007, la ciudad japonesa de Toyo solicitó entrar en el proceso de estudio preliminar, pero pronto se echó atrás por la fuerte oposición local. En 2017, el gobierno publicó un mapa con lugares potencialmente aptos. Quedaban descartados los cercanos a volcanes y fallas activas, así como con historial sísmico reciente. Una amplia área de Suttsu aparece con evaluación favorable y solo una pequeña porción de Kamoenai. Ambas localidades están muy cerca de la central nuclear de Tomari, actualmente inactiva.

Los vecinos de Suttsu acudieron a los expertos. El 2 de octubre, Hideyuki Ban, codirector del Citizen’s Nuclear Information Center llegaba junto a un reconocido geólogo para informar al pueblo. “En Suttsu no hay espacio para el repositorio nuclear, hay que ganar terreno al mar y no hay suficientes investigaciones. Nuestro país no es un territorio estable geológicamente”, afirma contundente este experto nuclear. Comenta que 200 personas acudieron al seminario, incluyendo al alcalde “que ya debía de tener la decisión tomada”. ¿Es seguro? “No es seguro, puede haber fugas. Actualmente no existe en el mundo tecnología apropiada para manejar residuos radiactivos. La única manera de reducirlos es parando las centrales”. ¿Entonces, qué hacer con los desechos? “Habría que investigar más y enterrarlos en pozos extremadamente profundos a más de 3.000 metros”.

El debate en profundidad que no se promueve

En Kamoenai nadie quiere hablar con la prensa. A media mañana, los barcos están de vuelta y las mujeres limpian el salmón para la venta. Hay casas vacías y negocios cerrados que vieron tiempos mejores. En la calle principal, un imponente edificio se alza en construcción. El nuevo ayuntamiento, justo enfrente del antiguo. “Soy empleada del ayuntamiento y no estoy autorizada para responder”, afirma una joven. “No soy experto, no puedo opinar”, dice un joven. “No quiero hablar, podría perder mi trabajo”, afirma una señora asustada. “Tenemos la central cerca y nunca ha pasado nada”, responde evasiva otra.

La única voz que se erige sin miedo es la del anciano Takimoto: “Es un proceso oscuro y cobarde, nada transparente. La administración política ahoga las voces de la gente. Es extraño que no se hable de lo más importante, la seguridad. Hay que pensar en los peligros futuros”.

“El gobierno afirma que es seguro muchos años, ese es su argumento, pero ¿debemos creerlo? Los expertos dicen lo contrario. Justo este año, en el 75 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki leía testimonios que hacen llorar. He visto los efectos de la radiación en pacientes. No quiero que los niños de Fukushima o de mi pueblo lo sufran. Hay que pensar en un pueblo sin central ni residuos nucleares y a eso me voy a dedicar”, añade.

“Me han abucheado en las reuniones locales, pero hay quienes me apoyan a escondidas. Muchos aparentan estar a favor, pero internamente no lo están. No hablan por miedo a perder su trabajo, como los familiares de empleados en la central”. Takimoto no quiere rendirse. Ha puesto a disposición del pueblo su experiencia en el sector sanitario para emprender proyectos que revitalicen la localidad, como el turismo médico, pero no ha logrado impedir que avance la solicitud.

El gobierno japonés ha dado la bienvenida a las dos localidades (Kamoenai y Suttsu) y el presidente de NUMO expresó gratitud “por el valiente paso”. El ministro de Industria dijo que “harán lo posible por ganarse el apoyo del pueblo”. Pero el gobernador de Hokkaido declaró firmemente que se opondrá a la segunda fase. Voces en contra del cementerio temen que recibidos los subsidios sea difícil echarse atrás por las presiones del gobierno. Para las periodistas locales Chie Yamashita y Yui Takahashi, del Mainichi Shinbun, “sin entrar en si solicitar o no es lo adecuado, es necesario un debate sobre el manejo de los residuos radiactivos y el proceso de selección de la ubicación”. Un debate nacional que reclaman todas las voces consultadas y que el gobierno no ha puesto en marcha.

Algunas casas como la de Takimoto siguen protestando: “No a la basura nuclear. La vida es más importante que el dinero”. En el poster, un bebé sueña con un mundo y un mar sin contaminación.