El Secretario General de la CSI, Luc Triangle, declaró en este sentido “Mil días de agresión, invasión, terror, destrucción y guerra inaceptables. Condenamos esta invasión, que sigue causando estragos entre la población civil y en el movimiento sindical. La resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras ucranianos y de sus sindicatos ante tal adversidad es admirable”.

A pesar de los esfuerzos internacionales por garantizar la paz, la agresión militar persiste, poniendo en peligro a toda la población de Ucrania. Los ataques contra infraestructuras esenciales, edificios residenciales, escuelas, hospitales e instituciones sociales causan un sufrimiento generalizado y constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario. Los trabajadores y sus familias se enfrentan a cortes de electricidad forzosos, mientras se preparan para un frío invierno y a los años de recuperación que les esperan.

Los sindicatos ucranianos se han visto gravemente afectados, con innumerables sindicalistas muertos o heridos, y oficinas e instalaciones sindicales destruidas, lo que ha perturbado los servicios esenciales de apoyo a los trabajadores y las trabajadoras. El desplazamiento económico también ha dejado a muchos sin trabajo, empeorando la situación de numerosas familias ucranianas.

El Secretario General de la CSI, Luc Triangle, añadió: “De cara a la reconstrucción, es imperativo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desempeñe un papel central en la orientación de los esfuerzos de reconstrucción, garantizando que estén cimentados en la justicia social y en los principios del trabajo decente”.

La CSI subraya la importancia de adherirse a la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) de la OIT, que establece como principios:

• El respeto de las normas internacionales del trabajo: Defender los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras durante todo el proceso de reconstrucción.
• Rehabilitación y reintegración social: Apoyar la reintegración social y económica de los trabajadores y trabajadoras desplazados y afectados por el conflicto.
• Diálogo social inclusivo: Hacer participar a los sindicatos, empleadores y gobiernos en la planificación y ejecución de las iniciativas de recuperación.