Turquía: 69 trabajadores juzgados en Ankara

Sesenta y nueve miembros de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK), entre ellos 15 mujeres, serán juzgado el 4 de octubre en Ankara acusados de terrorismo, por haber simplemente participado en una labor sindical legítima. La CSI condena enérgicamente esta flagrante violación de los derechos humanos en Turquía.

Tal y como se ha visto en numerosas ocasiones a lo largo de los años bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), toda persona implicada en la oposición a las autoridades se arriesga a afrontar una dura represión. Con mucha frecuencia se recurre a acusaciones de terrorismo para luchar contra los sindicatos y otros activistas. Hasta ahora, no obstante, todavía no se ha encontrado nada que demuestre vincula alguno entre los sindicatos de Turquía y alguna organización terrorista real o supuesta. En 2011 la CSI ya protestó contra el abuso de la legislación antiterrorista de Turquía, cuando 25 miembros del sindicato de docentes Egitim Sen fueron condenados a seis años y cinco meses de cárcel por el Tribunal Criminal de Izmir.

La KESK no es la única central sindical que se enfrenta a la política antisindical en Turquía. Las afiliadas de la TURK-Is han sido acosadas con auditorías financieras, y los miembros de la DISK han sido arrestados y permanecen en prisión hasta la fecha. Otros grupos de la oposición también son objeto de persecuciones: por lo menos 80 periodistas se encuentran en estos momentos en prisión, muchos de ellos acusados de afiliación a organizaciones terroristas.

Desgraciadamente la lista de casos similares es infinitamente más larga. En cualquier caso, ninguno de los 69 líderes sindicales que serán juzgados la semana que viene han estado implicados jamás en ninguna acción relacionada con o resultante en ninguna forma de violencia en absoluto.

“La estrategia del Gobierno turco está clarísima”, explica Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Su objetivo principal es debilitar al movimiento sindical. Abusar del sistema legal para intentar destruir a los sindicatos es por supuesto inaceptable. Los sindicalistas deberían tener el derecho a desempeñar su papel legítimo sin miedo a ser encarcelados.”

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