Las prácticas antisindicales se generalizan, sobre todo a causa de la deficiente protección de los derechos sindicales por parte de los Gobiernos y los tribunales. Se recurre a diversas prácticas para eludir el respeto de los derechos sindicales: solidarismo (establecimiento de asociaciones dependientes de la dirección) en El Salvador, Ecuador o Costa Rica; los contratos de protección (falsos acuerdos colectivos establecidos por la patronal) en México; o el continuo recurso a mano de obra contratada en Colombia y Honduras.
Las tácticas utilizadas por los empleadores para reprimir las actividades sindicales –ya sea la creación de sindicatos, la negociación colectiva o el recurso a la huelga– son múltiples: despidos arbitrarios, discriminación, campañas antisindicales. En Venezuela, numerosos trabajadores/as fueron despedidos por haber participado en actividades sindicales. En muchos países la negociación colectiva es un fenómeno marginal debido a la ausencia de medidas legislativas rigurosas.
Desde hace años, el continente americano destaca por su peligrosidad en lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales. Si bien los asesinatos son numerosísimos, principalmente en Colombia, Guatemala (10), Panamá (6), Brasil (3) y Honduras (3); se ha registrado asimismo un número impresionante de secuestros (más de un centenar), de amenazas de muerte, ataques y violaciones de domicilios. Más de un millar de trabajadores sufrieron agresiones en el transcurso de manifestaciones y cerca de 300 fueron despedidos. En Colombia se registraron 20 casos de atentados o intentos de asesinato, en particular contra miembros de los sindicatos del sector minero. Aunque la crisis económica y financiera ha tenido profundas repercusiones sobre la economía en América Latina, el informe denuncia la actitud de numerosos Gobiernos que utilizan el pretexto de la crisis para socavar los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Más del 55% de los asesinatos que se han producido a nivel mundial a causa del ejercicio de actividades sindicales, tuvieron lugar en Colombia, el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Pese a la aprobación de nuevas leyes destinadas a reforzar la protección contra la discriminación antisindical y la injerencia en los asuntos de los sindicatos, la situación de los sindicalistas no ha mejorado, muy al contrario. La impunidad de que gozan los autores materiales e intelectuales de estas violaciones hace que la persecución de los sindicalistas resulte sistemática y que no se consiga erradicar el clima antisindical.
América Central tampoco se queda a la zaga: en Panamá, más de 700 personas resultaron heridas, un centenar fueron arrestadas y seis perdieron la vida durante la brutal represión de las manifestaciones contra la denominada Ley Chorizo.
Guatemala está a punto de atrapar a Colombia en cuanto a la peligrosidad. Además de la cultura antisindical desarrollada por los empleadores y tolerada por el Estado, puede hablarse prácticamente de una persecución dirigida específicamente contra los sindicalistas. Asesinatos, amenazas de muerte y detenciones se han convertido en algo habitual. Las organizaciones sindicales son sistemáticamente objeto de campañas de desprestigio y de exclusión de todos los espacios de diálogo social. En Honduras, desde el Golpe de Estado de 2009 las tensiones son enormes. Se ha instalado una espiral de violencia y un clima eminentemente antisindical. Las amenazas y los intentos de asesinato contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, incluyendo a líderes sindicales y de movimientos populares, han sido frecuentes, y tres sindicalistas fueron asesinados
En Belice, Costa Rica, Honduras o El Salvador, es raro que los derechos sindicales sean respetados o incluso acordados en el interior de las zonas francas industriales, y los Gobiernos generalmente no hacen nada para proteger o garantizar su aplicación. La subcontratación y la tercerización siguen constituyendo un obstáculo importante para la sindicalización y la negociación colectiva.
Como nota positiva, pese a la postura antisindical de la compañía DHL en la región, el Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas de Panamá (SIELAS) consiguió negociar un convenio colectivo en nombre del personal.
La edición 2011 del informe de la CSI insiste en el hecho de que en América se registra una clara tendencia de oponerse a la sindicalización. En Estados Unidos, los empleadores tienen derecho a hacer campañas para disuadir e intimidar a los trabajadores/as, impidiéndoles así ejercer su derecho legítimo a sindicalizarse. A finales de 2010, tras la victoria del partido Republicano en la Cámara de Representantes, la Ley sobre la Libre Elección de los Trabajadores (Free Choice Act), quedó prácticamente enterrada. En Canadá, frente a la negativa tanto del Gobierno federal como de los provinciales a modificar sus legislaciones para incluir la noción de negociación colectiva en consonancia con la decisión del Tribunal Supremo en 2007, los sindicatos canadienses presentaron diversas quejas a la OIT. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, el recurso a los rompe-huelgas sigue siendo una práctica habitual.
“El continente americano es el más peligroso del mundo para los sindicalistas. Y ya va siendo hora de que esto cambie. La democracia pasa por el respeto de los derechos sindicales. El sindicalismo es un contrapoder legítimo y necesario para el ejercicio de las libertades democráticas” declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
