Ese “paquete de reformas” tiene por objeto, entre otras cosas, restringir, en la práctica, la aplicación del derecho de sindicación y negociación colectiva, y privatizar los organismos públicos, incluso los que obtienen beneficios, recortando los sueldos de los trabajadores y reduciendo sus pensiones. Esas medidas de austeridad exacerban la situación de dumping social imperante en el mercado de trabajo, impulsada por una política de legitimación del empleo de trabajadores inmigrantes no registrados procedentes de Turquía, en un afán por modificar la composición demográfica de la población.

Si bien la participación en la huelga general fue muy alta, su mensaje no parece haber sido escuchado por el gobierno. “Las autoridades deberían escuchar la voz de los trabajadores,” declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. “Es la práctica habitual en los países democráticos,” agregó.