Benín, Burkina Faso y Mali han ratificado los ocho Convenios fundamentales de la OIT; sin embargo, su legislación nacional no guarda conformidad con los Convenios y no se aplica eficientemente. Los tres países definen los “servicios esenciales” de forma excesivamente amplia, con lo que se restringen acciones sindicales básicas, y en la práctica, el derecho de huelga queda muy limitado.
En los tres países el analfabetismo es prácticamente el doble entre las mujeres respecto a los hombres. Las mujeres resultan discriminadas en el acceso al empleo y la igualdad de remuneración, mientras que las personas minusválidas y afectadas por el VIH/SIDA no están adecuadamente protegidas por la ley y su acceso al empleo y a los servicios sociales es muy limitado.
Las leyes de Burkina Faso y Mali no están conformes con los dos Convenios de la OIT sobre trabajo infantil. Sus inspecciones de trabajo no cuentan con suficientes recursos y no son capaces de prevenir el trabajo de menores. En consecuencia, el trabajo infantil, particularmente en sus peores formas, constituye un grave problema.
Aunque los tres países prohíben el trabajo forzoso, en la práctica tiene lugar y afecta mayoritariamente a menores. Distintos informes indican que formas tradicionales de esclavitud subsisten en Mali, donde algunas familias de grupos indígenas son vendidas como esclavos en un sistema que les asigna ese estatus al nacimiento. Por otro lado, la lucha contra la trata de personas se desarrolla con excesiva lentitud, particularmente en Benín y Mali.