Guatemala: violenta represión generalizada contra los trabajadores

Se ha publicado hoy un nuevo informe de la CSI sobre las normas fundamentales del trabajo en Guatemala para que coincida con la revisión de la política comercial de este país en la OMC. El informe demuestra cómo los sindicalistas están siendo discriminados, amenazados e incluso asesinados debido a sus actividades sindicales.

Bruselas, 2 de febrero de 2009: Se ha publicado hoy un nuevo informe de la CSI sobre las normas fundamentales del trabajo en Guatemala para que coincida con la revisión de la política comercial de este país en la OMC. El informe demuestra cómo los sindicalistas están siendo discriminados, amenazados e incluso asesinados debido a sus actividades sindicales.

El informe de la CSI condena especialmente la inercia del gobierno de Guatemala para garantizar que los asesinatos de sindicalistas sean investigados y juzgados. “Debe ponerse inmediatamente fin a los asesinatos, las amenazas de muerte y el acoso “, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “La continua represión violenta del derecho de los trabajadores y trabajadoras a formar y a afiliarse a un sindicato demuestra que el gobierno no está cumpliendo con su obligación de aplicar los Convenios de la OIT que ha ratificado, y que los sindicalistas no tienen la libertad de llevar a cabo sus tareas sindicales sin arriesgar su vida”, añadió.

Según el informe, debido a deficiencias jurídicas y a la feroz intimidación por parte de muchos empleadores, sólo está sindicalizado un tres por ciento de los trabajadores y trabajadoras. La CSI insiste en que el gobierno de Guatemala armonice su legislación en conformidad con los Convenios 87 y 98 de la OIT.

El informe considera que los abusos, la discriminación, el maltrato y el acoso sexual contra las mujeres en las maquiladoras de las zonas francas de exportación son una práctica común. Han podido formarse sindicatos solamente en tres de las 200 maquiladoras activas en el país. Existen casos documentados de mujeres que deben pasar pruebas de embarazo antes de ser contratadas, lo que constituye una grave violación de sus derechos humanos y una clara violación del Convenio núm. 111 de la OIT sobre discriminación, ratificado por Guatemala en 1960.

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