Paola Simonetti, directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional (CSI), expuso las prioridades y estrategias del movimiento sindical mundial para abordar las múltiples crisis que atraviesa el mundo –como el impacto de la pandemia de COVID-19, la desaceleración económica mundial, el aumento de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, los ataques a la democracia y el cambio climático–. La CSI propone abordar estos retos mediante el establecimiento de un Nuevo Contrato Social basado en una agenda transformadora de género para la recuperación y la resiliencia.
Ello requeriría que los Gobiernos asumieran sus responsabilidades y establecieran planes para aumentar las inversiones públicas en sectores económicos que sirven de catalizadores para generar empleo, como la economía de los cuidados, la economía verde y las infraestructuras sostenibles. Tales inversiones también deben ser transformadoras desde la perspectiva de género y contribuir a impulsar la inclusión y la participación más igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, sentando las bases de sociedades más equitativas.
Simonetti concluyó su intervención recordando que, en su informe a la Comisión, el secretario general de la ONU subrayó la trascendencia de invertir en el fortalecimiento de la libertad de asociación y la negociación colectiva, la cooperación tripartita y el diálogo social para la inclusión social y la promoción del empleo decente para todos.
"Nosotros añadiríamos que el diálogo social, al reunir a los interlocutores sociales y a las instituciones, es un pilar para garantizar las libertades fundamentales y unas instituciones sólidas, tal y como establece el ODS 16", subrayó Simonetti.
Las demandas de la CSI se reflejaron directamente en la Resolución de la 61ª Comisión de Desarrollo Social sobre trabajo decente y pleno empleo (febrero de 2023). La Resolución reconoció el papel de los marcos políticos integrados a largo plazo para lograr el trabajo decente para todos, incluidos los salarios mínimos legales o negociados, la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, la protección laboral para todos los trabajadores, la erradicación de la violencia de género, los sistemas universales de protección social que tengan en cuenta la edad, la discapacidad y el género y la economía asistencial como herramientas clave para acelerar la acción hacia el ODS 8 y la Agenda 2030 en general.
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