La CSI hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los Gobiernos nacionales para que hagan frente a la codicia corporativa, la elusión y la evasión fiscales, la subida de los precios de los alimentos y el combustible, el robo de salarios y la arraigada informalidad que mantiene a 2.000 millones de personas sin derecho a la protección social.
En nombre de los trabajadores y las trabajadoras exigimos impuestos progresivos, salarios más altos y derechos más contundentes a la negociación colectiva, en particular al derecho de huelga, como parte de un piso de protección laboral que evite el aumento de la pobreza y promueva la igualdad para todos.
Como parte de la cada vez más importante Coalición para la Justicia Social, que será presentada por el Director General de la OIT, Gilbert Houngbo, a finales de este año, y del creciente consenso que reclama una Cumbre Social Mundial de la ONU en 2025, la CSI destaca el papel que pueden desempeñar:
- sindicatos más fuertes
- la inversión en competencias
- la inversión en infraestructura
- la inversión en la economía del cuidado, donde una modesta inversión podría crear 280 millones de puestos de trabajo de aquí a 2030 y aumentaría la tasa de empleo de las mujeres en un 78%.
- un mayor acceso a los cuidados, la educación, la sanidad y el transporte a través de servicios públicos de calidad
Esta agenda positiva para el cambio requiere la promoción del trabajo decente; abordar la creciente crisis de la deuda mundial; poner fin a la brecha salarial de género que hace que las mujeres ganen un 20% menos que los hombres en todo el mundo; y aumentar los impuestos de sociedades y personales a los ricos.
“Los responsables políticos, los Gobiernos y las instituciones financieras tienen que hacer frente a los ricos para beneficiar a los demás”, declaró el Secretario General Adjunto de la CSI, Owen Tudor. “Siempre habrá un gran número de personas pobres luchando por salir adelante a menos que pongamos fin a los precios abusivos, empecemos a gravar a los ricos y acabemos con el robo de salarios y las medidas antisindicales.
“Necesitamos salarios decentes, cobertura médica universal y protección social para todos. Los sindicatos exigen un Nuevo Contrato Social que haga frente a las desigualdades de ingresos, de poder y de riqueza, y que ofrezca justicia social para todos y todas”.
La CSI también respalda iniciativas como el Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas de la ONU, con su objetivo de 400 millones de nuevos empleos para 2030, y reformas fiscales que incluyen un tipo mínimo del 25% en el impuesto de sociedades y un Impuesto sobre las Transacciones Financieras para frenar la especulación.
El impulso internacional para la agenda de justicia social recibió un nuevo espaldarazo cuando la Comisión de Desarrollo Social de la ONU presentó la resolución “Crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos como forma de superar las desigualdades para acelerar la recuperación de la pandemia de COVID-19 y la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
La resolución subraya la necesidad de marcos políticos a largo plazo para la creación de empleo decente, y pide a los Gobiernos “llevar a cabo las adaptaciones necesarias en las políticas y normativas con el fin de fomentar el trabajo decente y ayudar al crecimiento del empleo” mediante el establecimiento de salarios mínimos adecuados, el diálogo social, la legislación de protección del empleo y el derecho laboral.
La resolución también es clara sobre la importancia de la igualdad de género en el mundo del trabajo, y pide políticas que aborden la brecha salarial de género y la violencia de género, e insiste en la necesidad de políticas relativas al trabajo de cuidados y sistemas de protección social sensibles al género.
Para conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social, el Presidente Adjunto de la CSI, Antônio Lisboa, intervendrá en una mesa redonda de la OIT a las 14:00 CET, el lunes 20 de febrero. Puede seguir el evento aquí.
