Millones de esrilanqueses han quedado sumidos en la pobreza a causa de la crisis de la deuda del país, que viene a sumarse al impacto de la pandemia de COVID-19. Esto ha provocado amplias protestas que fueron violentamente reprimidas por el Gobierno.

Para empeorar aún más la situación, el FMI no ha hecho efectivo el paquete de rescate financiero por valor 2.900 millones de USD debido a la continua falta de compromisos por parte de acreedores oficiales clave y titulares de bonos externos privados respecto a la restructuración de la enorme carga de deuda de Sri Lanka. Entre tanto, el Gobierno ha subrayado la necesidad de ‘un acuerdo social común para la transformación económica’ como vía para salir de la crisis.

En palabras del Secretario General Adjunto de la CSI, Owen Tudor: “Sri Lanka necesita medidas urgentes de alivio y cancelación de su deuda, cuya carga debería repartirse de manera justa entre los acreedores oficiales y privados del país. Los niveles de alivio de la deuda han de ser suficientes para asegurar que quede restaurada su sostenibilidad, los servicios públicos vitales protegidos y se incremente el espacio fiscal para la inversión a largo plazo. Al mismo tiempo, la población de Sri Lanka necesita también una vía clara hacia una recuperación centrada en las personas y basada en el trabajo decente, en el marco de un Nuevo Contrato Social que garantice empleos dignos, salarios, derechos, protección social, inclusión e igualdad. Eso requiere un diálogo social genuino con los sindicatos”.

En una carta enviada al presidente Ranil Wickremesinghe en diciembre, la CSI reitera su llamamiento al diálogo social con los sindicatos, con vistas a:

• Garantizar una recuperación centrada en las personas, que dé prioridad al trabajo decente con un Nuevo Contrato Social.
• Apoyar el trabajo con asociados internacionales para introducir redes de seguridad social para la gente trabajadora e implementar la protección social para todos.
• Combatir la corrupción y promover una política pública correcta.
• Asegurarse de que no se imponga una condicionalidad que suponga desmantelar servicios públicos esenciales, despidos, privatización de propiedades públicas o que amenace medios de subsistencia con la reducción del gasto público y la supresión de salarios, incluyendo el salario mínimo nacional, con el pretexto de la consolidación fiscal.

La crisis en Sri Lanka pone de relieve el creciente problema del sobreendeudamiento en todo el mundo, a causa de múltiples crisis globales persistentes y que afecta a la gente trabajadora en países como Ghana, Pakistán, Túnez y Zambia.

Lo que ocurra en Sri Lanka servirá como ejemplo sobre la manera en que el G20 e instituciones financieras internacionales como el FMI abordan los actuales desafíos respecto a la deuda soberana, demostrando la urgente necesidad de reformas sobre la manera en que se gestionan las crisis de la deuda.

Para consultar la Resolución de la CSI-AP de octubre (en inglés).
Véase también: https://www.ituc-csi.org/hoja-de-ruta-para-sri-lanka