Dos años y medio después del estallido de la covid-19, los gobiernos de América Latina y el Caribe siguen luchando por encontrar una vía de recuperación sostenible. Además, la magnitud de la destrucción causada por la pandemia ha reducido aún más la capacidad de las regiones para avanzar en la Agenda 2030, y en particular en el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, el cual ha sufrido un fuerte retroceso tras esta crisis.

El estudio destaca las advertencias de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contra los actuales planes de los gobiernos de emprender medidas de austeridad. En un contexto en el que las fuentes estructurales de la pobreza y la desigualdad están profundamente arraigadas, la CEPAL teme que tales políticas puedan crear una regresión económica estructural, que lleve a una dependencia aún mayor del sector primario en toda la región.

El estudio incluye dos casos prácticos: Brasil y la República Dominicana. Mientras que el pueblo de Brasil se ha enfrentado a "las respuestas gubernamentales probablemente más irresponsables y criminales de la región", el gobierno dominicano, elegido en septiembre de 2020, ha entablado un diálogo social con sus interlocutores sociales para hacer frente a la crisis. Estos dos enfoques radicalmente opuestos se reflejan en el Monitor Global de la CSI sobre el ODS 8, que clasifica a la República Dominicana como el tercer mejor país de la región en términos de progreso hacia el ODS 8, mientras que Brasil aparece en el puesto 15 de 23. Además, el Índice Global de Derechos de la CSI 2022 también sitúa a Brasil como uno de los diez peores países para los trabajadores del mundo.

En su capítulo final, la investigación también incluye una serie de recomendaciones de políticas para los gobiernos y los donantes de la cooperación internacional, destinadas a promover una recuperación centrada en el ser humano y la resiliencia alineada con el ODS 8 en la región.