La protección social es un derecho humano internacionalmente reconocido, además de suponer una inversión para lograr economías robustas e inclusivas.

Es fundamental para garantizar resiliencia a la hora de afrontar crisis, ya que previene y reduce la pobreza y la desigualdad y empodera a las personas para ajustarse a los cambios y trastornos en la economía y en el mercado laboral.

Mejora el empleo y la productividad además de ser un poderoso motor para el crecimiento económico.

No obstante, pese a décadas de compromisos gubernamentales para ampliar la protección social, incluso a través de la Agenda 2030 de la ONU, menos de la mitad de la población mundial tiene acceso a alguna forma de protección social y menos de dos tercios disfruta de una protección integral conforme con las normas internacionales del trabajo.