El Gobierno de Bangladesh utiliza excusas y tácticas dilatorias para negar a los trabajadores sus derechos

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El Gobierno de Bangladesh ha informado al Consejo de Administración de la OIT de los escasos o nulos avances con relación a lahoja de ruta para mejorar los derechos de los trabajadores que se acordó a principios de este año. Ha utilizado tácticas dilatorias y sigue poniendo en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras.

Cada año mueren 35.000 bangladesíes en el trabajo, y 8 millones resultan heridos. La violencia sexual está muy extendida, millones de lugares de trabajo apenas están controlados por los inspectores del trabajo del Gobierno, y muchas personas se encuentran atrapadas en empleos con salarios de miseria. Mientras el Gobierno preparaba su informe para la OIT, cinco trabajadores morían tras el incendio que se produjo en una fábrica de calzado en Dhaka.

El Consejo de Administración de la OIT ha acordado que el Gobierno de Bangladesh informe en marzo de 2022 sobre los progresos realizados con respecto a la aplicación de la hoja de ruta, y ha aplazado hasta noviembre de 2022 la decisión de adoptar nuevas medidas en relación con la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT.

Una queja en virtud del artículo 26 es la máxima sanción que la OIT puede imponer a un país por abuso de los derechos de los trabajadores.

“Cada día de retraso pone en riesgo la vida de los trabajadores. La aplicación de la hoja de ruta permitirá establecer un nivel mínimo de derechos para todos los trabajadores de Bangladesh, pero el Gobierno debe tomarse en serio los plazos fijados para llevar a cabo los cambios establecidos por los trabajadores y sus sindicatos.

El Gobierno de Bangladesh debe exigir a los empleadores que rindan cuentas por los entornos de trabajo inseguros, y debe reconocer que los sindicatos proporcionan a los trabajadores justicia y velan por su seguridad. Es preciso que los sindicatos estén reconocidos en todos los sectores de la economía”, ha declarado Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

La CSI solicita:

  • La constitución inmediata de un comité tripartito para participar en el diálogo social, base de las relaciones laborales modernas.
  • Un nuevo sistema de resoluciones alternativas de conflictos para solventar las reclamaciones, poner fin a la acumulación de casos y recuperar la confianza de los trabajadores.
  • Un salario mínimo basado en datos fácticos para los trabajadores de todos los sectores.

“El diálogo social, el funcionamiento de los procedimientos de reclamación y recurso, y un salario mínimo basado en datos fácticos proporcionarán a Bangladesh la base para la recuperación económica de la COVID-19 y le permitirán no seguir dependiendo de cadenas de suministro abusivas”, ha añadido Sharan Burrow.

La CSI ha identificado diez áreas de inacción respecto a las cuales el Gobierno de Bangladesh deberá dar parte de los progresos en marzo de 2022, a saber:

  1. A la hora de establecer comités tripartitos de seguimiento o consulta, no se han dado las condiciones previas necesarias para llevar a cabo consultas significativas y productivas o un seguimiento eficaz, como la publicación de un calendario de reuniones, convocatorias de reunión, una lista de cuestiones y documentos informativos pertinentes.
  2. No se han adoptado modalidades en materia de salud y seguridad en el trabajo para las Zonas Francas de Exportación, y las autoridades de las ZFE siguen controlando a los inspectores del trabajo y a los funcionarios de SST, en contra de lo dispuesto en el Convenio 81 de la OIT y pese a los informes de lesiones y muertes en el trabajo.
  3. Los sistemas de inspección del trabajo no cuentan con los recursos adecuados ni tampoco se ha contratado personal suficiente a tal fin.
  4. A los sindicatos independientes se les sigue discriminando y negando el registro.
  5. No se han tomado medidas para abordar la discriminación antisindical, las prácticas laborales injustas y la violencia contra los trabajadores.
  6. No existe una base de datos para abordar la discriminación antisindical, las prácticas laborales injustas y los ataques contra los sindicatos.
  7. Sigue habiendo un retraso considerable en los procesos de resolución de conflictos laborales, y las quejas de corrupción e injusticia contra el poder judicial siguen aumentando.
  8. Aumenta la intolerancia por parte de las fuerzas de seguridad hacia el ejercicio de los derechos y actividades sindicales.
  9. La policía y otras fuerzas de seguridad no han rendido cuentas por los ataques que se produjeron durante las manifestaciones de Ashulia de 2016 y 2019, y el Gobierno no ha instituido una investigación independiente como recomendó el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  10. No se ha establecido ningún mecanismo para proporcionar a los trabajadores información periódica sobre sus derechos y sobre cómo presentar quejas y obtener asistencia jurídica en caso de violaciones.

La CSI está recabando apoyo público y comunitario a través de la campaña Por un Bangladesh mejor y está haciendo un seguimiento de los abusos de los derechos laborales para que se haga justicia a los trabajadores.