A principios de septiembre, unas serie de activistas veteranos del Belarusian Independent Trade Union (BITU) y miembros del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP), organización afiliada a la CSI, fueron arrestados, detenidos y sometidos a registros por los servicios de seguridad del Estado.

Con ello persiste la represión generalizada contra los miembros del BKDP que se ha venido intensificando un año después de la fraudulenta victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales celebradas en agosto de 2020.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, ha declarado: “Las noticias que llegan de Belarús son espeluznantes. Los trabajadores y las trabajadoras de ese país están sufriendo desde hace demasiado tiempo las consecuencias de un régimen corrupto que les niega sus derechos y libertades laborales fundamentales.

“En vez de aplicar las reformas recomendadas por las sentencias claras e inequívocas de la OIT, el Gobierno bielorruso ha vuelto a recurrir a la represión para tratar de silenciar al movimiento sindical independiente del país.

“Esperamos que la comunidad internacional siga presionando para obligar al régimen de Lukashenko a respetar las normas internacionales del trabajo, en particular el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga. Y solicitamos al Gobierno bielorruso que libere a todos los sindicalistas, que abandone su política de represión y que escuche a los sindicatos independientes en lugar de acosarlos”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2021 califica a Belarús como unos de los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras, donde los “derechos no están garantizados”.