“Pese a que muchos aspectos del virus SARS-CoV-2 todavía no están del todo claros, algo que resulta evidente es que la mayor parte de las transmisiones están produciéndose en centros de trabajo, como hospitales y residencias, así como en lugares de trabajo donde puede transmitirse entre los trabajadores y el público. Es evidente que en muchos países resultan insuficientes –o son incluso inexistentes– las medidas de protección necesarias en lugares de trabajo, como el distanciamiento y el equipo de protección personal. Los trabajadores y trabajadoras están viéndose obligados a exponerse a riesgos a los que no deberían estar expuestos, y en algunos casos –como en los almacenes de Amazon– pueden incluso ser sancionados o incluso despedidos por exponer sus inquietudes sobre la seguridad. La inclusión del COVID-19 en la clasificación de enfermedades profesionales resulta crucial para parar esta tendencia y reducir la propagación del virus. La urgencia es incluso mayor ahora que algunos países empiezan a relajar las restricciones en ciertos sectores económicos y espacios públicos”, indicó la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.
Clasificarlo como una enfermedad profesional implicaría que cuando un trabajador resulte infectado por el virus, se supondrá que el contagio está relacionado con el lugar de trabajo, a menos que se presenten pruebas evidentes de lo contrario. Eso reforzaría además las medidas de salud pública establecidas y que deberán evolucionar en los próximos meses y años.
“Reclamamos asimismo que la salud y seguridad en el trabajo se considere como un derecho fundamental en la normativa de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de una medida pendiente desde hace tiempo, y que acordaría a la protección de los trabajadores frente a enfermedades y muertes en el trabajo la misma prioridad que tienen la libertad sindical, la negociación colectiva o la protección frente a la discriminación, el trabajo forzoso y el trabajo infantil”, añadió la Sra. Burrow.
