En enero de 2018, la ejecutiva de KESK publicó un comunicado de prensa a favor de la paz y advirtiendo del impacto que tendría la incursión del ejército turco en Afrin, Siria, especialmente para la población kurda, además de criticar que se desviasen recursos vitales que podrían destinarse a cubrir las necesidades sociales y económicas de la propia Turquía.

“Nos complace ver que ha prevalecido la justicia. Nadie debería enfrentarse a un proceso penal por reclamar la paz. Las demandas interpuestas contra la directiva de KESK forma parte de un esfuerzo estructurado para intimidar cualquier forma de oposición social y política. El movimiento sindical internacional se declara a favor de la paz, contra el terrorismo y por la solución de disputas a través del diálogo y la negociación, respetando la legalidad, y subraya que todas las partes deberían resolver sus diferencias utilizando medios pacíficos. El recurso a la fuerza armada, en particular contra civiles, en especial mujeres y niños, es una afrenta a la humanidad. Sindicatos del mundo entero continuarán reclamando trabajo decente, democracia y paz”, declaró la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow.

Representantes de la CSI y de sindicatos del sector público en los Países Bajos y Suecia asistieron al juicio en calidad de observadores.

En otro caso, cuya vista está prevista para el 9 de marzo, Arzu Çerkezoglu, presidenta de otra afiliada de la CSI, la central sindical DISK, afronta cargos penales pasibles de una pena de prisión, por haber criticado en junio de 2016 al AKP, el partido gobernante en Turquía. Varios otros sindicalistas están también imputados.

“Turquía sigue siendo uno de los países más hostiles del mundo para los sindicalistas, y exhortamos al Gobierno de Erdoğan a cesar su represión contra los sindicatos y otros en el país por haber intentado sencillamente ejercer sus derechos legítimos, y a retirar todos los cargos infundados y las condenas impuestas”, concluyó Burrow.