“Este nuevo análisis pone de relieve que el Gobierno de Modi ha atestado un mazazo a la legislación existente cuyo objetivo era asegurar que los trabajadores estén representados, promover su salud y seguridad, y garantizarles la cobertura de la seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad, entre otras. La salud y seguridad de la gente trabajadora y las estructuras que la protegen y contribuyen a garantizar salarios vitales no pueden ser demolidas sin más por el Gobierno”, indicó Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
El informe analiza las implicaciones que tienen las reformas para los trabajadores y trabajadoras y para la aplicación de las normas internacionales del trabajo, por tema. Expone cómo las normas laborales se han visto socavadas con la imposición de criterios drásticos que impiden el registro de sindicatos, su organización y funcionamiento, llegando incluso a requerir que los sindicatos representen como mínimo al 66% de la mano de obra para poder representarla en el lugar de trabajo. Esto constituye una afronta directa a los derechos de negociación colectiva. El informe prosigue detallando ataques similares contra los derechos de los trabajadores en relación con la seguridad y salud, la protección social y la fijación de salarios.
“Se han empleado diversas artimañas para mantener al Gobierno de Modi en el poder, incluyendo eludir el debido proceso para lograr la aprobación de nuevas leyes permitiendo contribuciones secretas a determinados partidos políticos. El escándalo de los ‘bonos electorales’ apenas está saliendo a la superficie ahora, y ciertos informes indican que el 95% de esas opacas contribuciones fueron a parar al partido de Modi, el BJP. No fue el dinero de la población trabajadora el que financió los nutridos equipos de analistas digitales y otros manipuladores de la opinión pública que consiguieron que ganase las elecciones. Pero ahora estamos viendo que el Gobierno está haciendo todo lo posible por minar las condiciones y la representación de los trabajadores”, señaló Burrow.
Con estas reformas, el Gobierno apunta especialmente a lograr una mejor clasificación en el desacreditado informe del Banco Mundial Doing Business, para catalizar un incremento de inversiones del sector privado. La CSI se sumó a las numerosas críticas a esa clasificación, que ponía como modelo la privatización de las pensiones en Chile, uno de los detonantes de la intensa agitación social que se vive en el país.
“Este es otro ejemplo del impacto adverso que tiene el sistema de clasificación del Banco Mundial, ideológicamente motivado, sobre las vidas de los trabajadores y las trabajadoras. Concebir las normas del trabajo como un obstáculo al desarrollo del sector privado provoca una división que causa estragos sociales, convirtiéndose en una bomba de relojería que los países estarán obligados a manejar diligentemente más adelante. Además exacerba los fallos en la economía, privando a las personas de poder adquisitivo y dejando a los trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias”, concluyó Burrow.
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