El informe “La Paz en Riesgo", revela el fracaso del Gobierno del presidente Iván Duque a cumplir los compromisos contraídos en dicho acuerdo. Menos de la cuarta parte de las medidas acordadas han sido debidamente implementadas por el Gobierno, a pesar de diversos acuerdos contraídos con la Unión Europea y EEUU, así como con la OCDE y la OIT.

Las protestas organizadas en todo el país contra las políticas gubernamentales, que se iniciaron el 22 de noviembre, han sido reprimidas violentamente por las autoridades.

“Trágicamente, la violencia está nuevamente en aumento en Colombia, y el presidente Duque y sus aliados conservadores deben asumir su responsabilidad. Un acuerdo de semejante importancia no puede dejarse de lado por el capricho de un Gobierno particular, al que parece importarle muy poco el pueblo o el futuro del país. El anuncio por parte del presidente Duque del inicio de un ‘diálogo nacional’ no puede considerarse fiable mientras persista la represión”, afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Entre el 1 de enero de 2016 (11 meses antes de la firma del acuerdo) y el 8 de septiembre de 2019, 777 personas, líderes sociales y defensoras de los derechos humanos, han sido asesinadas en Colombia.

La firma del Acuerdo de Paz en Colombia fue recibida con grandes esperanzas. Representaba un firme compromiso, tanto por parte del Gobierno de entonces como por las fuerzas de las FARC, para lograr la paz y trabajar con vistas a abordar las cuestiones subyacentes que alimentaron el conflicto. El acuerdo de paz comprometía al Gobierno a emprender una reforma rural integral, garantizar los derechos de las víctimas y su participación política, así como la garantía de un enfoque participativo en su implementación.

“Se tenía la esperanza de que los esfuerzos del Gobierno dejasen de alimentar la violencia y se orientasen más bien a combatir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, hoy en día Colombia sigue siendo el país con mayores desigualdades de América Latina en cuanto al acceso a la tierra, donde los trabajadores permanecen en la miseria por culpa de una legislación laboral que favorece a las familias más ricas y a los inversores extranjeros en detrimento del pueblo. El Gobierno de Duque está conduciendo a Colombia por una vía que pone en grave e inminente riesgo la paz”, dijo Burrow.

El informe, una iniciativa conjunta de la CSI, las centrales sindicales colombianas CUT y CTC y la Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS), pone de relieve que la violencia continúa estando dirigida hacia los defensores de los derechos humanos. Revela que en el año 2018 se asesinó a más sindicalistas que en cualquiera de los cuatro años anteriores (incluso antes de la firma del acuerdo de paz). En total, 34 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, principalmente en los sectores de la educación, la agricultura y la minería. Amenazas, violentas agresiones e incluso tortura, contribuyeron a un total de 234 violaciones graves de los derechos humanos de sindicalistas.

Los perpetradores de tales ataques gozan de total impunidad: El 95% de los delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos de sindicalistas quedaron sin resolver, mientras que ni tan siquiera se identifica a los perpetradores en el 60% de los casos, debido a la inoperancia del sistema de justicia.
Muchos de los acuerdos económicos que actualmente mantienen a flote la economía del país fueron firmados como resultado del acuerdo de paz. Como parte de esos acuerdos, Colombia se comprometió a implementar una serie de estándares relativos a los derechos humanos, laborales, sindicales, además de normas ambientales.

“Los sindicatos están decididos a construir la justicia social necesaria para una paz duradera. Continuaremos presionando por la paz a nivel nacional e internacional. Los socios internacionales de Colombia no pueden permanecer impasibles mientras defensores de los derechos humanos son asesinados y mientras persistan las injusticias económicas que alimentan el conflicto. El movimiento sindical internacional continuará presionando al Gobierno de Duque para que asuma sus responsabilidades, y a los socios internacionales de Colombia para que cumplan también con las suyas”, concluyó Burrow.

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