Mohammed Haidour es un trabajador de origen marroquí que emigró a España sin papeles hace más de veinte años y que en la actualidad es responsable del área de Migración de la Dirección Nacional de la central sindical española Comisiones Obreras CCOO (*). En ese puesto se ocupa, entre otras cosas, de proporcionar ayuda a los trabajadores extranjeros para su regularización, de la política de integración en la sociedad y en los sindicatos y de la cooperación sindical con los países de origen. A continuación, Haidour nos habla de los retos a los que se enfrentan los sindicatos a la hora de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes.

¿Cuándo emigró de Marruecos a España?

Salí de mi ciudad natal, Tetuán, situada en la región Norte de Marruecos, en el año 1986 para trasladarme a España. Tenía entonces 17 años, y como la mayoría de los marroquíes que llegaban a España por aquella época no tenía papeles en regla. Durante los primeros cuatro años sin papeles, no era en absoluto un «irregular», sino que era una persona muy activa que trabajaba y participaba en la economía y en la sociedad.

¿Cómo hizo su primer contacto con un sindicato en España?

El medio principal de comunicación en las comunidades de inmigrantes es el boca a boca. De ese modo, oí hablar del sindicato. Debido a sus relaciones históricas con las comunidades españolas de emigrantes, Comisiones Obreras prestaba ya diversos servicios orientados a los trabajadores inmigrantes. Poco a poco, fui atravesando todas las etapas sindicales por las que pasa un inmigrante. Sin papeles en regla, desde un punto de vista legal, no se tiene derecho a representar a los trabajadores, pero sin embargo Comisiones Obreras permitió que yo lo hiciera.

¿Cuándo consiguió su regularización?

En 1991, aprovechando la coyuntura económica favorable causada por el crecimiento de la demanda de empleo, los movimientos sociales españoles y sobre todo los sindicatos consiguieron que se aprobase un procedimiento de regularización. Trabajé entonces con los sindicatos a fin de identificar y de ayudar a los trabajadores sin papeles a que obtuvieran la regularización. En especial en Cataluña y en Andalucía se organizaron muchas asambleas de trabajadores con el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De esa manera, se pudo regularizar a 120.000 trabajadores inmigrantes, entre los que yo me encontraba. La finalización de ese proceso coincidió con el debate de preparación del Congreso de Comisiones Obreras en el que se quería fomentar la participación de los trabajadores inmigrantes. Por ese motivo, en el año 1992 me incorporé a la Dirección Nacional de CCOO en el área de Migración.

En veinte años, ¿cómo ha variado el planteamiento sindical con respecto a la inmigración en España?

La configuración de la sociedad española y del mercado español ha variado muchísimo. Las labores del sindicato relativas a los inmigrantes se han hecho cada vez más importantes y complejas. En menos de diez años, el porcentaje de inmigrantes en la población española se ha situado entre un ocho y un nueve por ciento, lo cual se asemeja a los países vecinos. La diferencia radica en que en España ese proceso ha sido mucho más rápido, lo cual plantea muchos retos nuevos, tanto a la sociedad como al sindicato.

Los inmigrantes vinieron y siguen viniendo para responder a una demanda real de trabajo, concentrada en algunas zonas específicas del país y en algunos sectores, como los de la construcción, la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico. Tales concentraciones geográficas y sectoriales plantean algunas dificultades en cuanto a la integración y a la lucha contra la discriminación, en la sociedad y en el interior de los sindicatos.

¿Qué método en concreto utilizan para ir en busca de trabajadores inmigrantes?

A fin de informar a los trabajadores inmigrantes, de hacerles comprender la utilidad de estar afiliados y de ir a la búsqueda de trabajadores sin papeles, a pesar de la ilegalidad de esa acción, hemos creado un mecanismo específico, a saber, los Centros de Información al Trabajador Extranjero (CITE), muchos de los cuales están dirigidos por los propios inmigrantes. En todo el territorio español existen 177 centros de ese tipo, que desempeñan un papel muy importante en materia de información, de formación profesional y lingüística, de asesoramiento administrativo y jurídico y también de relación con las federaciones sectoriales correspondientes. Sin embargo, lo más importante de todo es que el trabajador extranjero no precisa estar sindicado ni regularizado para beneficiarse de los servicios que prestan los CITE.

¿Cómo se plantea en el sindicato el reto interno de la representatividad de los trabajadores inmigrantes?

Comisiones Obreras cuenta con 65.000 trabajadores inmigrantes afiliados que pagan sus cuotas a través de transferencia bancaria, y más de 100.000 disfrutan de servicios específicos, pero la distribución sectorial y territorial es muy desigual. En algunos sectores, como el de la construcción en Madrid o en Cataluña, su porcentaje llega a ser el 30% de los trabajadores. Sin embargo, su representatividad en los puestos directivos todavía no es satisfactoria, al igual que ocurre en el caso de las mujeres y de los jóvenes. La aplicación de las resoluciones y las decisiones adoptadas después del Congreso Confederal de 1991 no se ha hecho con la misma rapidez que la del aumento del número de afiliados entre los inmigrantes y de su progreso en los órganos de representación de base, en el ámbito de los delegados y los comités de empresa. Estamos en un proceso de autocrítica; por ello, estamos organizando debates internos para establecer prioridades de actuación que permitan mejorar esa situación. A veces esos debates son polémicos, a imagen de la sociedad en su conjunto. También tratamos de inspirarnos en las experiencias de los países vecinos, como Francia o Bélgica. No se trata sólo de una cuestión de discriminación, sino que también cuesta mucho hacer que el inmigrante comprenda el funcionamiento interno, el juego de las tendencias existentes, etc.

¿Qué progresos han logrado de las autoridades políticas en materia de defensa y de integración de los inmigrantes?

El nuevo Gobierno socialista ha emprendido muchas iniciativas dirigidas a promover la integración y las relaciones armoniosas entre las diferentes poblaciones inmigrantes y entre los inmigrantes y el resto de la población española. El hecho de haber trasladado las competencias en materia de inmigración del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales supone una medida muy importante. Los inmigrantes no son un asunto relacionado con la seguridad, sino que constituyen un valor que contribuye al progreso de la economía y de la sociedad.

El establecimiento de un diálogo social tripartito entre los empleadores, los gobiernos y los sindicatos como parte del proceso de regularización también es muy positivo. Sabemos que los empleadores son favorables a la regularización, ya que para ellos se trata de una forma de «blanquear» la explotación de los trabajadores sin papeles. No se trata sin embargo de un juego entre iguales. El trabajador lo hace por necesidad y el empleador por el beneficio. Pero se ha dado respuesta a la reivindicación de los sindicatos de conseguir una regularización permanente para todos los trabajadores inmigrantes que puedan demostrar que cuentan con un trabajo y con una estancia de más de dos años en el país.

En lo que atañe a la lucha contra el tráfico de seres humanos, también hemos conseguido que los inmigrantes puedan denunciar, directamente o a través de un sindicato, a una red o a un empleador que los explota, lo cual tiene como consecuencia la interposición de procedimientos penales contra el empleador y la regularización del trabajador afectado.

¿Se apoyan también en los instrumentos de derecho internacional en materia de protección de los emigrantes?

España ha ratificado el Convenio C97 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a los trabajadores migrantes y el Convenio C111 sobre la discriminación (en el empleo y la profesión). Consideramos además que es igual de importante la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias, que entró en vigor en el año 2003, pero que todavía no ha sido ratificada por ningún país de la Unión Europea. En este último caso, precisamente ahora estamos organizando campañas para tratar de influir en el Gobierno español con objeto de que aplique esa Convención, ya que ha entrado plenamente en vigor. Hacemos una labor de lobby que pretende influir en el Gobierno español, que es bastante receptivo a nuestros argumentos, pero que al no contar con la mayoría absoluta en el Parlamento necesita el apoyo del Partido Popular (PP) para cambiar la Constitución, por ejemplo en lo que respecta al derecho de voto de los inmigrantes. Sin embargo, el PP instrumentaliza siempre la cuestión migratoria.

Con 40.000 inmigrantes legales y alrededor del mismo número de inmigrantes sin papeles, la región de El Ejido sigue exportando masivamente sus frutas y verduras. Después de los disturbios racistas que hicieron tristemente famosa a esa región en el año 2000, ¿cómo ha evolucionado allí la situación?

Yo estaba precisamente allí en el momento de los disturbios. Viví la situación en directo durante tres meses; fue todo muy difícil. Las condiciones de trabajo eran espantosas y los sucesos que se produjeron fueron realmente muy desagradables. Por desgracia, la situación no ha mejorado sustancialmente. Los que soportan esas condiciones de trabajo son siempre en su mayoría marroquíes sin papeles en regla. Los empleadores de la zona habían pedido que si se regularizaba a los marroquíes, debían estar obligados a seguir trabajando en El Ejido. Sin embargo, una vez regularizados, se marchan inmediatamente a trabajar a otras regiones, a otros sectores económicos. El trabajo allí es demasiado duro, por lo que sólo los «sin papeles» siguen yendo a trabajar a ese lugar. Están en juego intereses económicos muy importantes para al menos tres países. La provincia de Almería constituye la zona de Europa donde la renta per cápita es más alta. En lo que respecta a España, muchos habitantes de esa región han puesto en marcha explotaciones debido a los altos rendimientos, ya que se trata de una auténtica gallina de los huevos de oro. También están en juego muchos intereses holandeses, derivados de la aplicación en Almería de tecnologías de vanguardia desarrolladas en los Países Bajos. Por último, en lo que incumbe también a Marruecos, los intereses también son enormes. A priori podría pensarse que las producciones almerienses compiten con los productos agrícolas marroquíes, pero la cosa es mucho más complicada. Muchos empresarios de la región Norte de Marruecos venden sus productos a Almería, donde han creado empresas de embalaje, con trabajadores marroquíes, lo cual que les permite reexportar sus frutas como si fueran productos españoles. Curiosamente, hace poco tiempo se ha hablado mucho de las sandías españolas, cuando en realidad eran marroquíes.

¿No se han aprovechado también los empleadores de la competencia entre inmigrantes, favoreciendo sobre todo a la mano de obra procedente de Europa del Este?

El Partido Popular ha instrumentalizado políticamente los atentados cometidos en Estados Unidos y en España para lanzar la consigna de emplear a inmigrantes no musulmanes. Sobre todo en Andalucía se ha producido un proceso de sustitución, en especial a favor de la mano de obra procedente de Europa del Este, pero a una escala relativamente pequeña debido a que los empleadores del sector agrícola y de la construcción saben que los trabajadores marroquíes están acostumbrados a condiciones laborales muy duras, en concreto al calor. Así, por ejemplo, las mujeres marroquíes que vienen a recoger la fresa trabajan ya en ese sector en Marruecos.

En la actualidad, el índice de crecimiento económico sigue siendo positivo, pero se ha producido una desaceleración evidente en algunos sectores, como es el caso de la construcción. Por ese motivo, se escuchan cada vez más frecuentemente discursos de tipo populista y xenófobo basados en el lema «el trabajo, en primer lugar para los españoles».

Otro de los cometidos de su labor consiste en fomentar la cooperación sindical con los países de origen de los inmigrantes. ¿Qué logros ha conseguido ya en ese ámbito?

Mantenemos relaciones desde hace mucho tiempo con Marruecos. Desde 1995, existen acuerdos con los sindicatos marroquíes UMT, CDT, UGTM y FDT. Asimismo, hemos iniciado contactos con el sindicato asociado al partido islamista. En particular, hemos hecho un importante trabajo en materia de formación con la CDT, en asuntos relacionados con el género, la inmigración y la negociación sindical, a fin de ayudarles a superar la fase de conflicto y llegar a soluciones.

También mantenemos relaciones con Túnez (UGTT) y con Argelia (UGTA). Además, hemos firmado un acuerdo con la Unión Sindical de Trabajadores del Magreb Árabe (USTMA) en materia de migraciones que se concretizará durante este año. Asimismo, colaboramos con la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (CISA). Por otro lado, hemos participado en seminarios celebrados en Damasco el pasado mes de diciembre sobre los trabajadores inmigrantes en el Golfo y la cuenca mediterránea. Se trata de un asunto muy complejo, pero hemos podido llegar a acuerdos con varios sindicatos de la zona y, sobre todo, sacar a la luz los problemas de los emigrantes, en particular de las trabajadoras inmigrantes del servicio doméstico, en países como Jordania, Siria, Bahréin, Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos. Hasta hace poco se consideraba que esas cuestiones eran tabú, debido principalmente a que los inmigrantes son considerados en los países del Golfo como una amenaza a su identidad. Afortunadamente, ahora podemos hablar de ello y estamos avanzando en ese terreno.

También tenemos un programa de cooperación con los sindicatos de países subsaharianos (Guinea, Senegal, Malí, Mauritania y Cabo Verde) y en breve contaremos con representantes en Senegal y en Marruecos, ya que cada vez es mayor el número de trabajadores subsaharianos que se quedan en Marruecos para trabajar. Lo mismo ocurre en Túnez, debido a la presencia de emigrantes del Chad y de Níger en los sectores de la construcción y de la agricultura. Al igual que hacemos en nuestra cooperación con los sindicatos del Magreb y de Oriente Medio, mantenemos contactos con sindicatos de Europa del Este, como es el caso de Rumanía, y de Asia, como por ejemplo de Pakistán, ya que Cataluña cuenta con una gran concentración de trabajadores provenientes de ese país.

¿Cómo responden los sindicatos al auge de acuerdos intergubernamentales en materia de cuotas de contratos temporales para los trabajadores inmigrantes, en especial en la agricultura?

Es un logro muy importante que, a petición de los sindicatos españoles, los sindicatos marroquíes participen también en el intento de mejorar la reglamentación de los flujos migratorios, respetando siempre las normas sobre el trabajo decente. Al principio, el Gobierno marroquí se oponía a la implicación de los sindicatos en el proceso de contratación laboral. Se planteó entonces el problema al Gobierno español, y finalmente la parte marroquí acabó aceptando esa presencia sindical. Hemos constatado una evolución positiva en el Gobierno marroquí y en algunos empleadores con respecto al diálogo social. Recientemente, una delegación de sindicatos marroquíes hizo una visita al sector de cultivo de fresas en España. Existen acuerdos gubernamentales bilaterales, pero de hecho las condiciones de trabajo y de alojamiento incluidas en dichos acuerdos no se respetan. Confiamos en que la cooperación sindical permita lograr mejoras para las próximas temporadas.

En cuanto al intercambio de información y de experiencias, la cooperación sindical exterior puede favorecer a la vez a los países de origen y a los de destino de los emigrantes, ya que cada vez es mayor el número de países que se enfrenta a esos flujos en ambos sentidos. Así, por ejemplo, las condiciones deplorables de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos o en Túnez suscitan el interés de los sindicatos de estos países, ya que moralmente no se puede pedir a los gobiernos europeos que mejoren la situación de los trabajadores inmigrantes y al mismo tiempo dejar que se trate igual de mal a los que se instalan en esos países del Magreb. Hace muy poco tiempo, participé en un seminario en Túnez en el que los sindicatos criticaron muy duramente las legislaciones en vigor en Marruecos y en Túnez aplicables a los inmigrantes subsaharianos.

Entrevista hecha por Natacha David.

(*) Mohammed Haidour es también miembro del grupo de trabajo «Migración e inclusión» de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).