#SaveHakeem: Bahréin debe ceder y retirar la orden de extradición

Bahréin debe retirar la orden remitida a Tailandia solicitando la extradición del futbolista Hakeem al-Araibi, y el Gobierno tailandés tiene que liberarlo, en base a sus propias leyes que prohíben la extradición por delitos políticos.

Hakeem obtuvo el estatus de refugiado en Australia, en 2014, cuando llegó a ese país huyendo de Bahréin, donde había sido torturado e injustamente sentenciado a una condena de 10 años de prisión por sus críticas hacia la familia real gobernante. Bahréin intenta ahora conseguir que sea devuelto a su país, después de que fuera detenido, junto a su esposa, a su llegada al aeropuerto de Bangkok el 27 de noviembre en luna de miel. Las autoridades tailandesas le habían ofrecido previamente garantías de seguridad si viajaba a dicho país.

“Pedimos al Gobierno de Tailandia ejerza su poder para liberar a Hakeem y permitir su regreso a Australia cuanto antes. Ya ha sufrido bastante, como refugiado político huyendo de Bahréin, país que ha encarcelado y torturado sistemáticamente a todo aquel que ose reclamar una reforma política. No sólo se le condenó a prisión en Bahréin sin prueba alguna, sino que más tarde se comprobó que no podía haber cometido el delito que se le imputaba, el ataque contra una comisaría de policía, puesto que apenas 30 minutos antes de producirse el ataque, él estaba al otro extremo de la ciudad participando en un partido de fútbol retransmitido por televisión. La ley tailandesa prohíbe la extradición cuando se trata de causas políticas, y las autoridades de Tailandia deben cumplir sus propias leyes al respecto”, comentó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

En la campaña para la liberación de Hakeem han tenido un papel destacado sindicatos de futbolistas, grupos defensores de los derechos humanos y estrellas internacionales del deporte, con el ex capitán del equipo australiano de fútbol Craig Foster a la cabeza. El caso de Hakeem ha recibido considerable atención por parte de la opinión pública en Australia y en Tailandia, y el impulso internacional pidiendo su liberación sigue creciendo, ya que tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reclaman que se le permita volver a Australia. El presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Jalifa, ha eludido por su parte cualquier responsabilidad en este caso.

Distintos Gobiernos manifestaron también su preocupación, y representantes diplomáticos de Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y EE.UU., así como de la Unión Europea, se sumaron a los de Australia asistiendo a la vista judicial celebrada el 4 de febrero, en la que Hakeem compareció con grilletes en los pies, y donde se dictaminó su detención durante otros 60 días mientras tiene lugar el juicio sobre su extradición.

La central sindical Australian Council of Trade Unions ha pedido que se abra una investigación parlamentaria respecto a la implicación de las fuerzas de la policía federal del país en la emisión temporal y errónea de una “Notificación Roja” de Interpol contra Hakeem cuando viajó a Tailandia, mientras que Interpol deberá explicar cómo es posible que Bahréin recibiese la notificación en su sistema, contraviniendo las normas de la agencia.

Se piensa que la persistente persecución a la que se ha sometido a Hakeem está ligada a sus críticas realizadas en 2016 contra Al Jalifa, que es además vicepresidente de la FIFA, en relación con la represión y tortura infligidas a algunos deportistas, incluidos futbolistas, a raíz de las protestas democráticas en 2011.

“No hay manera de ignorar los hechos en este caso. Hakeem no ha cometido ningún crimen, incluso la investigación auspiciada por el propio Gobierno bahreiní en 2011 encontró amplias evidencias de tortura y otros actos de represión durante dichas protestas, y la legislación de Tailandia estipula que debería ser devuelto a Australia. En caso contrario, Tailandia se expondría a graves consecuencias negativas, tanto en sus relaciones internacionales como específicamente en el mundo del deporte”, dijo Burrow.

Los gobernantes de Bahréin han venido manteniendo un férreo control sobre todo el país desde las protestas de 2011, despojando de su ciudadanía a cientos de bahreiníes y produciéndose cada día nuevos casos de encarcelamientos injustos y tortura.

“Resulta difícil entender cómo podría considerarse aceptable que Bahréin actúe como anfitrión de cualquier evento deportivo, ni tampoco cómo es posible que personas designadas por el Gobierno de Bahréin ocupen altos cargos en el Comité Olímpico o en la FIFA. Este es un momento decisivo en cuanto a los compromisos que organismos deportivos mundiales están realizando respecto a los derechos humanos, y ya es hora de que regímenes brutales como Bahréin dejen de poder limpiar su imagen a través del deporte”, concluyó la Sra. Burrow.