Brasil ha dado un cambio. El país más grande de América Latina, con más de 200 millones de habitantes, está siendo ahora gobernado por un presidente declarado abiertamente de extrema derecha. Soñando con regresar a la dictadura militar (1964-1985) donde la violencia se utilizaba impunemente contra los oponentes políticos, Jair Bolsonaro provoca sudores fríos a las poblaciones más vulnerables, que son sin lugar a duda los indígenas, las mujeres, los homosexuales, los transgénero y, de manera general, a las poblaciones en situaciones más precarias. Los defensores de los derechos humanos y ambientales, así como los militantes del PT (Partido de los Trabajadores) y los sindicatos, van a estar también en el punto de mira del presidente y de sus partidarios durante los próximos cuatro años que van a marcar su mandato.

« Nuestro pueblo no se merece a alguien como Bolsonaro. Sus proyectos van a provocar una catástrofe social. Quiere favorecer a los grandes empresarios y va a acentuar las discriminaciones, lo que constituye un grave retroceso.»

 Ricardo Patah, presidente de la central sindical UGT, que agrupa 1.300 sindicatos y 12 millones de afiliados en Brasil.

El nuevo presidente ha sido elegido en un clima de recesión económica, con 14 millones de parados y poblaciones en situaciones cada vez más precarias debido a unas condiciones de trabajo indignas. El resentimiento genera y alimenta los miedos, principal motor utilizado por Bolsonaro durante su campaña electoral. En una campaña plagada de noticias falsas divulgadas en las redes sociales, se ha alimentado el odio contra chivos expiatorios efectivos, empezando por los militantes del PT, partido rechazado por una gran parte de la población tras salir a la luz varios escándalos de corrupción durante los últimos años.

Bolsonaro se ha convertido en una figura ejemplar, en un personaje heroico capaz de acabar por arte de magia con la violencia endémica que carcome al país y con la corrupción generalizada. Su discurso de odio agradó y tranquilizó al 55% de los brasileños que le votaron para gobernar el destino de su país.

Solidaridad antes que aislamiento

“Nuestros compatriotas parecen tener poca memoria. Para vivir mejor, Brasil necesita políticas sociales y solidarias, no un aislamiento. Bajo la presidencia de Lula se lograron grandes avances sociales. Lula consiguió desarrollar la región del noroeste del país, que estaba en una situación muy precaria, poniendo en marcha un gran proyecto de electrificación para que las casas pudieran tener luz, así como un plan de abastecimiento de agua corriente. Lula consiguió que millones de personas pobres pudieran acceder al sistema de prestaciones familiares para vivir dignamente. Los jubilados se beneficiaron de un subida mensual de sus ingresos de 70 a 300 dólares. Se introdujeron mejoras en el sistema educativo para hacerlo más igualitario y efectivo. Se promovió una mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, favoreciendo la inclusión de poblaciones antaño excluidas, como los afrodescendientes, las mujeres y las personas LGBTI. Estas categorías de ciudadanos pudieron exponer sus preocupaciones y proponer mejoras en las políticas públicas”, dice Ricardo Patah.

En cambio Jair Bolsonaro ha prometido acabar con las políticas sociales, favorecer las grandes inversiones y proseguir con la explotación de la Amazonia, haciendo caso omiso de las políticas ambientales que se impulsaron años antes. El nuevo presidente aprueba que las Fuerzas de Policía recurran a la tortura para obtener información, y contempla facilitar la tenencia de armas para los brasileños. Ha anunciado la supresión del Ministerio de Trabajo y el de Medioambiente. Y también ha amenazado con exiliar o meter en la cárcel a sus oponentes políticos.

Trabajadores en situaciones cada vez más precarias

La UGT teme igualmente una creciente precarización de las condiciones de los trabajadores, que estos últimos meses ya han sufrido ataques en toda regla por parte del actual presidente, Michel Temer. Se han aprobado diversas disposiciones legislativas, con consecuencias catastróficas para el conjunto de la población. La ley sobre el “trabajo intermitente”, por ejemplo, permite flexibilizar las condiciones de trabajo, estableciendo el trabajo por hora con un salario limitado al 10% del nivel mínimo. En lo sucesivo, cualquier función puede garantizarse mediante una subcontratación barata, lo que supone unas condiciones próximas a la esclavitud. Las mujeres también se están viendo considerablemente afectadas por las recientes medidas. Así pues, existe una ley que permite hacer trabajar a las mujeres embarazadas en condiciones insalubres, en nombre del sacrosanto crecimiento económico y de la creación de empleo y a expensas de la salud de estas mujeres. Bolsonaro ha prometido seguir en esa dirección acentuando la flexibilización.

"Vuelven a imponerse las viejas fórmulas neoliberales para luchar contra la crisis. Creemos que así se va a arreglar todo, pero nos olvidamos de la dignidad de los trabajadores, cuando eso es algo esencial."

 Ricardo Patah

La mitad del equipo de transición de Bolsonaro está compuesto por militares,lo que demuestra que el problema podría venir, más que del propio Bolsonaro, de la estructura directiva en sí, abiertamente violenta y reaccionaria. Los próximos cuatro años van a estar marcados por la resistencia. Los diferentes sindicatos tendrán que dejar a un lado sus divergencias y unirse para salvar el acervo social que queda.

. “Ya hemos empezado a organizarnos para ofrecer una firme oposición a este Gobierno. Necesitamos a todos los demócratas para luchar contra este frente reaccionario.” explica Ricardo Patah.

Por desgracia, los sindicatos van a tener que contar con unos recursos económicos limitados. El Gobierno de Temer les ha recortado efectivamente los recursos, empujando a estos movimientos sociales al borde del abismo y obligándoles a despedir personal a mansalva.
La UGT, por ejemplo, antes funcionaba con un presupuesto anual de 15 millones de dólares, y ahora tiene que llevar a cabo sus actividades con apenas 100.000 dólares al año. Los ataques contra los sindicatos se inscriben en una estrategia bien planificada que tiene por objetivo acabar con la contestación social. Lo importante ante todo era garantizar que esos medios no se asignaran para apoyar la campaña presidencial del PT. Los sindicatos, desangrados, van a tener que transigir con este régimen de austeridad establecido a largo plazo.

«El éxito de la lucha pasará también por la solidaridad internacional. Los asociados como la CSC en Bélgica son verdaderos aliados para nosotros: no solo nos brindan recursos económicos sino que nos aportan un apoyo político indispensable. Lo que está ocurriendo en nuestro país también está sucediendo en otras regiones del mundo. Nosotros, los trabajadores, tenemos que unirnos a nivel mundial para hacer frente a las políticas reaccionarias que están sumiendo a las poblaciones en un futuro social de los más sombrío”, conluye el sindicalista.

Con un índice de sindicalización del 20%, el activismo de base está muy presente en Brasil y podría hacerle la vida imposible al presidente. No obstante, una alianza con el conjunto de las fuerzas sociales activas (movimientos de mujeres, indígenas, ecologistas, LGBTI, etc.), igualmente en el punto de mira de Bolsonaro, resulta indispensable para frenar las derivas autoritarias del nuevo régimen y, en definitiva, para favorecer el regreso de un gobierno más progresista.