Está previsto que el Pacto, negociado entre Gobiernos con aportaciones de la sociedad civil, empresas y el mundo académico, se presente para su adopción en una reunión intergubernamental de alto nivel en Marruecos, en diciembre de este año.

“El resultado de las negociaciones acaba con las esperanzas y aspiraciones de millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que no disponen de contratos de empleo, al no garantizarles los derechos consagrados en los Convenios fundamentales de la OIT. Esto consolidará un mercado del trabajo estancado en dos niveles, donde una subclase de trabajadores, que resultan ser migrantes, seguirán sin garantías de libertad sindical, negociación colectiva u otras protecciones vitales. Todo ello implica que las condiciones de trabajo y los salarios pueden recortarse, alimentando la xenofobia y debilitando aún más la posición de algunos de los trabajadores más vulnerables del mundo”, declaró la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Teniendo en cuenta que los Gobiernos de la Unión Europea tuvieron un papel destacado en las discusiones, el Secretario General de la CES, Luca Visentini, indicó que “Los sindicatos europeos presionarán a la Unión Europea para que se mejore el Pacto Mundial, a fin de asegurarse de que contribuya a aportar trabajo decente e igualdad de trato y de derechos para todos los migrantes, independientemente de su estatus legal”.

Aunque los sindicatos acogieron favorablemente que se reconozca su papel, y los esfuerzos para abordar una agenda exhaustiva sobre la migración, los resultados de las negociaciones se han quedado cortos. Si el Pacto establece unas normas inferiores a las existentes en la normativa internacional, se corre el grave riesgo de adoptar un marco político sobre migraciones dual, coexistiendo con mercados de trabajo de dos niveles.

Aparte de limitar la aplicación de las normas de la OIT, se abandonó la idea de lista de servicios básicos que deben estar disponibles para los migrantes, y había venido estableciéndose durante las negociaciones, y el principio de no-criminalización de los migrantes irregulares también quedó debilitado, lo que los deja expuestos a la explotación por parte de empleadores sin escrúpulos.

“El Pacto Mundial negociado hasta la fecha implica que los trabajadores y trabajadoras migrantes no tendrán acceso a importantes servicios públicos, ni a mecanismos de aplicación de la legislación laboral. El Pacto se sitúa por debajo de compromisos multilaterales que los Gobiernos están obligados a respetar en base a la legalidad internacional, por lo que resulta difícil entender que la Asamblea General de la ONU pueda aceptarlo en diciembre. En el ámbito político general, las políticas están siendo dictadas por la ascensión de elementos racistas marginales en lugar de apoyarse en la decencia humanitaria, unas políticas laborales e industriales sólidas y el reconocimiento del hecho de que la mano de obra migrante resulta esencial para la construcción de la mayoría de las economías más prósperas del mundo.

Agradecemos a aquellos Gobiernos que opusieron resistencia ante la carrera hacia el fondo en las negociaciones y que defendieron un enfoque basado en los derechos. Para el movimiento sindical, los migrantes y refugiados son bienvenidos en nuestros lugares de trabajo, nuestras comunidades y en la vida social y cultural.

Continuaremos organizando y luchando por sus derechos, aunque algunos Gobiernos continúen mostrándose complacientes con los populistas y xenófobos”, indicó Burrow.

Para leer la Declaración de la Agrupación Global Unions.