Centrales sindicales critican el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica

photo: Caelie Frampton / Flickr

El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP11), firmado por los Gobiernos de la cuenca del pacífico en marzo, ha sido fuertemente criticado por varias centrales sindicales, incluyendo las de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, tanto por su contenido como por la manera en que fuera negociado. Después de que EE.UU. se retirara de las conversaciones, 11 países del Pacífico continuaron negociando el acuerdo, en la mayoría de los casos sin mediar una consulta pública seria.

Una de las principales preocupaciones respecto al acuerdo es la inclusión del procedimiento de Solución de Controversias Inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), mediante el cual los inversores pueden demandar a los Gobiernos, estableciendo de hecho un sistema paralelo a los sistemas judiciales nacionales.

Pese a haber ciertas limitaciones en los procedimientos de ISDS –por ejemplo, no se aplican a las inversiones entre Australia y Nueva Zelanda– los sindicatos están profundamente preocupados por el hecho de que este y otros aspectos del acuerdo limiten la capacidad de regulación de los Gobiernos. Las críticas a los procedimientos de ISDS por parte de los sindicatos y otros grupos de la sociedad civil están encontrando cada vez más eco entre jueces y expertos jurídicos, y el Tribunal Europeo de Justicia ha dictaminado en contra del recurso a la ISDS dentro de la Unión Europea.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, indicó que “Globalmente y durante varios años, uno tras otro, los tratados comerciales han venido aumentando el poder corporativo a expensas de los trabajadores y trabajadoras, y el TPP11 sigue ese camino. Ya va siendo hora de que los Gobiernos pongan freno al poder corporativo y empiecen a negociar abiertamente acuerdos comerciales que resulten favorables a la población y que no socaven los niveles de vida y la seguridad económica”.

La liberalización del flujo de datos como parte de las disposiciones de comercio electrónico del TPP11 afianzarían el poder de las grandes compañías tecnológicas sobre los datos personales y otra información, suscitando inquietudes respecto a la privacidad y el dominio de los mercados por parte de un puñado de grandes firmas.

Otras preocupaciones respecto al TPP11 incluyen la duración de las patentes de medicamentos, que haría que en ciertos países algunas personas tengan más dificultades para acceder a tratamientos que pueden salvar vidas, así como las disposiciones para la liberalización de la contratación pública y las disciplinas sobre la regulación, incluso del sector financiero. Las disposiciones en el acuerdo en relación con las normas del trabajo y el medio ambiente también se consideran excesivamente flojas.