Bruselas, 2 de abril de 2008: Una nueva ley sobre las zonas francas industriales de Madagascar, aprobada en enero de 2008 poco después de la aprobación el año pasado de una nueva Constitución que refuerza la capacidad del gobierno para limitar el derecho de huelga de algunas categorías de trabajadoras y trabajadores del sector público, testimonia la tendencia a empeorar la situación relativa al respeto de los derechos de los trabajadores, según un informe publicado hoy por la CSI (EN) sobre las normas fundamentales del trabajo en Madagascar.

Este informe coincide con el examen de las políticas comerciales del país por parte de la OMC y pone de relieve que, en muchos aspectos, la legislación nacional vigente en el país viola los Convenios sobre las normas del trabajo fundamentales de la OIT que el país ha ratificado y que son jurídicamente vinculantes.

La nueva ley sobre las zonas francas industriales (ZFI), aprobada en enero de 2008, prevé la reducción de los derechos de las trabajadoras y trabajadores en las zonas francas de exportación en comparación con los trabajadores sujetos a las disposiciones del Código laboral. Estas disposiciones significan, por ejemplo, que puede pedirse a los trabajadores de las zonas francas industriales exceder las normas actuales relativas al número de horas de trabajo o ser despedidos, abriendo así la vía para la explotación generalizada de trabajadoras y trabajadores.

A pesar de la oposición sindical, el artículo 33 de la nueva Constitución de Madagascar, aprobaba en abril de 2007, refuerza la capacidad del gobierno a dispensar a determinadas categorías de empleados públicos, que a juicio del gobierno efectúan un tipo de trabajo "esencial", la obligación de cumplir las disposiciones generales de la ley que rige el derecho de huelga.

Otra legislación vigente en el país impide el ejercicio efectivo del derecho de sindicalización y de negociación colectiva para las categorías de trabajadoras y trabajadores excluidos de la plena aplicación del Código laboral, entre ellos muchos trabajadores del sector público, la gente de mar y los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Estas deficiencias han sido observadas por los órganos de supervisión de la OIT, los cuales siguen instando al gobierno de Madagascar a modificar su legislación para cumplir con las normas internacionales del trabajo.

El nuevo estudio de la CSI denuncia el carácter generalizado del trabajo infantil en Madagascar, donde el 22% de los niños de entre 6 y 9 años de las zonas rurales trabajan a tiempo completo, al igual que el 36% de niñas y niños comprendidos entre los 10 y 14 años de edad. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo cuenta con sólo 77 inspectores en todo el país para aplicar las disposiciones legales contra el trabajo infantil. No es de extrañar que, a pesar de una educación gratuita, universal y obligatoria, el índice se deserción escolar sigue siendo extremadamente alto.

La legislación nacional en vigor prohíbe la discriminación, sin embargo, no se ha creado ninguna institución para luchar contra esta práctica. A pesar de que la ley prohíbe el acoso sexual, esta práctica está muy extendida en los lugares de trabajo, especialmente, en las zonas francas industriales, subraya el informe.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de Madagascar sobre la forma de corregir su incumplimiento de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y cómo promover políticas eficaces que aborden las principales deficiencias que experimenta actualmente el país en el ámbito laboral y social.

La CSI representa a 168 millones de trabajadoras y trabajadores en 155 países y territorios y cuenta con 311 afiliadas nacionales.

Para mayor información, favor de ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la CSI a los teléfonos: +32 2 224 0204 ó +32 476 621 018