La reunión, organizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está trabajando en los elementos de un “instrumento internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Los representantes de la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores rechazan efectivamente la idea de establecer un instrumento jurídicamente vinculante.
La Secretaria General de la CSI Sharan Burrow ha declarado: “Un tratado de la ONU que tenga fuerza jurídica a nivel internacional supondrá un gran paso adelante a la hora de garantizar que los gobiernos obliguen a las empresas transnacionales a asumir sus responsabilidades en virtud del derecho internacional. Este tratado se basaría en algunos ejemplos nacionales como son el Netherlands Compact y la ley francesa sobre el deber de vigilancia, y requeriría la diligencia debida para mitigar el escándalo internacional del abuso y la explotación que sufren los trabajadores. Solicitamos a todas las partes implicadas en las negociaciones de la ONU que elaboren un tratado robusto que ofrezca, de una vez por todas, derechos y justicia a los trabajadores y trabajadoras.
La multimillonaria industria que se inscribe en los marcos voluntarios propios de la “responsabilidad social corporativa” no ha aportado nada a los millones de trabajadores de las cadenas de suministro mundiales que realizan un trabajo precario e inseguro a cambio de un salario de miseria. El modelo de las cadenas de suministro mundiales está roto, y mientras que las empresas transnacionales se benefician de todo tipo de protecciones legales, son muchas las que se niegan a aceptar que tienen que asumir determinadas responsabilidades legales, sobre todo de cara a las personas cuyo trabajo genera los beneficios que ellas acumulan.”
