“A los medios de comunicación se les advirtió con anticipación del asalto, presumiblemente por el propio Gobierno, para aprovechar al máximo la publicidad. Aparentemente, las incursiones se deben a que se acusa al sindicato de brindar apoyo financiero a un grupo comunitario progresista, el “Get Up”, así como a candidatos políticos hace más de una década. Este asalto es un abuso de poder por parte de un Gobierno que está perdiendo votos en las encuestas y recurre a los ataques sindicales para tratar de reforzar su decreciente popularidad. Estamos acostumbrados a ver este tipo de tácticas en las dictaduras, no en las democracias”, señaló la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Sally McManus, Secretaria de la afiliada australiana de la CSI, el ACTU, describió estas incursiones como “un indignante abuso de poder“.

Decenas de agentes de la policía federal australiana participaron en los asaltos, los cuales se produjeron inmediatamente después de que el Gobierno recortara 184 millones de AUD al presupuesto de la policía federal, lo que provocó recortes en la aplicación de la ley en el ámbito de la delincuencia organizada, la corrupción, el narcotráfico y la explotación infantil. Las incursiones fueron puestas en marcha por la "Comisión de Organizaciones Registradas" del Gobierno, un instrumento regulador supuestamente neutral de los sindicatos y organizaciones de empleadores, creado hace seis meses.

El director de otro organismo gubernamental antisindical, la comisión australiana de la construcción, Australian Building and Construction Commission (ABCC), se vio obligado a renunciar el mes pasado después de tergiversar las leyes laborales en reuniones informativas con los empleadores y se le ordenó pagar una multa al sindicato CFMEU. El director adjunto de la comisión ABCC dimitió, unas semanas después de su nombramiento en agosto, para desvincularse de la conducta de la comisión. Uno de los actos más notorios de la ABCC fue amenazar con prohibir a las empresas de construcción que permitieran que las banderas sindicales ondearan en las obras de construcción el acceso a los contratos públicos. Los sindicatos han criticado a esta comisión ABCC por tener un “impacto desastroso” en la seguridad del sector.

El Gobierno conservador de Australia está actualmente un ocho por ciento detrás de su opositor, el Partido Laborista, en las encuestas de opinión, después de haber seguido de cerca a la oposición en las últimas 20 encuestas.
“El índice anual mundial de los derechos de la CSI muestra que más de 50 países se dedican a restringir el espacio democrático, incluido el derecho a la libertad sindical y de expresión de la sociedad civil. Sería trágico que la situación que prevalece actualmente en Australia la añadiera a esta lista”, aseguró Sharan Burrow.