El debate en torno al futuro del trabajo debe identificar soluciones a los enormes desafíos económicos y políticos a que se enfrenta nuestra sociedad, y evitar quedar confinado a la perspectiva reducida de la implantación de nuevas tecnologías en un sistema que está ya fallando a los trabajadores y trabajadoras. Tampoco se trata de la “vieja” economía donde el trabajo era realizado esencialmente por personas y una “nueva” economía donde el trabajo está automatizado y las tareas de aquellos que tienen un empleo se rigen por algoritmos y aplicaciones.
La Encuesta Mundial de la CSI ha venido demostrando el apoyo mayoritario a la adopción de medidas para frenar el poder empresarial y del sector financiero, garantizar empleos seguros y decentes, la aportación de una parte justa de la riqueza a los trabajadores y trabajadoras a través de salarios y protección social, y otros objetivos clave del movimiento sindical. Los Gobiernos, no obstante, no comparten este sentimiento. A menos que la situación cambie, la transición hacia el futuro mundo del trabajo será desordenada y dominada por las corporaciones, profundizando aún más la inseguridad y las desigualdades.
Gobiernos y empresas han de reconocer que la transición hacia una economía ampliamente digitalizada tiene que ser una transición justa, invirtiendo en las ocupaciones, los sectores y las comunidades más afectados para optimizar la calidad y los beneficios de la productividad, asegurando al mismo tiempo que los empleos que resulten o pudieran resultar afectados cuenten con el apoyo necesario. Debe además fomentar el desarrollo y la sostenibilidad, especialmente mediante una conexión directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la transición hacia un futuro con cero carbono y cero pobreza.
Para que esto ocurra, se requiere una acción urgente, incluso por parte del G20, en relación con toda una serie de desafíos globales clave:
Salarios y protección social – el mundo necesita un aumento de sueldo: la caída de la participación de los salarios, con millones de trabajadores/as en las cadenas de suministro y en la economía informal luchando por sobrevivir, está ocasionando una miseria incalculable y amenaza la economía mundial en su conjunto, a causa del estancamiento del poder adquisitivo. Los sindicatos de todo el mundo hacen campaña reclamando mejores salarios, incluyendo un salario mínimo vital y la ampliación de la protección social al 75% de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero que no la tienen o que tienen una protección insuficiente. Se requieren políticas económicas y sociales para garantizar una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Ha llegado el momento de llevar a cabo un análisis informado sobre los costos y beneficios que representa una garantía de ingresos básicos.
Salvar la brecha de género: la brecha de género es la consecuencia económica más tangible de la sistemática discriminación hacia la mujer en el trabajo y en la sociedad, presente en todos los países. Ahí donde se han impuesto políticas de austeridad, las mujeres han tenido que asumir la carga más pesada, a través de trabajo no remunerado proporcionando cuidados, así como con un impacto desproporcionado sobre sus ingresos y oportunidades. Si continúa la tendencia actual, la brecha salarial de género del 23% globalmente no se salvará hasta 2069. Tan solo este punto demuestra la gravedad de la discriminación de género y la absoluta necesidad de tomar medidas para acabar con ella. El futuro del trabajo ha de ser un futuro donde mujeres y hombres sean iguales.
Fiscalidad: la evasión y elusión fiscal generalizada, especialmente por parte de las multinacionales y el sector financiero, está privando a los Gobiernos de los ingresos necesarios para aportar servicios públicos y programas sociales de calidad. El estancamiento de los salarios y la “Uberización” del trabajo implican que los Gobiernos no conseguirán que la imposición a los trabajadores compense por los reducidos o nulos impuestos que pagan los más ricos y muchas empresas. La privatización y la venta de activos pueden aportar cierto alivio fiscal temporal, pero con un enorme costo para las sociedades y las economías. La justicia fiscal es esencial para asegurarse de que los Gobiernos dispongan de los ingresos necesarios para proporcionar servicios públicos de calidad, protección social y toda la gama de otras funciones que conformarán el futuro del trabajo basado en la inclusión social.
Inversión en infraestructura y la economía de cuidados: la falta de infraestructura y el envejecimiento de las infraestructuras existentes en muchos países está ahogando el crecimiento económico y dificultando la creación de empleo. Al mismo tiempo, las tendencias demográficas y la actual aportación inadecuada suponen una bomba de tiempo respecto a los cuidados sociales y sanitarios. Invertir en la economía de cuidados y en infraestructura resulta vital para resolver estos problemas –ambos tipos de inversión contribuirán a la creación de empleo y al crecimiento tan necesarios.
Cambio climático y transformación industrial: la digitalización del trabajo ofrece un potencial tremendo para potenciar la eficiencia y reemplazar la dependencia del carbono con fuentes energéticas renovables del futuro. El desafío global de lograr una economía con cero carbono y cero pobreza requiere visión, compromiso y coraje por parte tanto del mundo político como del empresarial. La clave para conseguirlo es la agenda para una Transición justa, basada en los derechos, el diálogo social, la inversión en la transición y negociar los cambios introducidos en industrias y lugares de trabajo que respondan al desafío del cambio climático y faciliten la transformación industrial necesaria para salvar al planeta y a la humanidad.
Un enfoque coherente: En numerosos países, las políticas sobre digitalización han sido desarrolladas en los ministerios responsables de tecnología, con limitada participación de otros ministerios y poca o ninguna consulta pública, situando al sector privado en el puesto de mando. Esto ha empezado a cambiar, en parte gracias a los debates sobre el futuro del trabajo, aunque apenas unos pocos países están aplicando el enfoque necesario implicando a “la totalidad del Gobierno” además de colaborar con los sindicatos y otros grupos relevantes. El diálogo social tripartito ha de ser un elemento central de cualquier enfoque coherente y exhaustivo respecto a las posibilidades y los desafíos de la digitalización.
Políticas comerciales y de inversión: La creciente influencia de las políticas populistas y nacionalistas ha tenido repercusiones en la agenda comercial internacional, y no se conocen aun plenamente sus posibles consecuencias. Mientras que los sindicatos se han movilizado en contra de aquellos elementos de los acuerdos que despojan de poder a los trabajadores y afianzan el poder de las empresas por encima del de los Gobiernos, limitando el espacio para la adopción de políticas públicas adecuadas, las soluciones ofrecidas por los populistas no redundan en beneficio de la clase obrera. Disposiciones como las que contiene la propuesta del ACS conducirían a una “Uberización” total de las economías, y deben ser rechazadas.
Desarrollo: La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aporta una agenda para el desarrollo que incluye el trabajo decente como elemento central. Los ODS no deben reducirse a una simple aspiración – proporcionan un importante marco universal para la toma de decisiones sobre el futuro del trabajo, y es importante que la aplicación de los ODS y cualquier decisión respecto al futuro del trabajo, y en particular en papel de los Gobiernos, estén integradas.
