Varios países sedes de cadenas de suministro asiáticas, en el punto de mira de la OIT

La Conferencia de la OIT celebrada este mes en Ginebra ha contado con los testimonios de una serie de trabajadores y trabajadoras procedentes de diversos países asiáticos, en los cuales se han puesto de relieve los retos que afronta la mano de obra como consecuencia de la creciente represión impuesta por los Gobiernos y los empleadores de la región.

Los representantes de Indonesia testificaron sobre los violentos ataques que vienen sufriendo los trabajadores por parte de la policía y de matones armados. Así sucedió, por ejemplo, cuando los trabajadores fueron excluidos de los mecanismos de fijación de salarios y tomaron las calles en 2015 para protestar al respecto – las autoridades reaccionaron arrestando a más de 20 manifestantes y prohibiendo la celebración de asambleas en puntos clave de la capital Yakarta.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha declarado: “La CSI ha solicitado al Gobierno indonesio que acabe con la violencia contra los trabajadores y que regrese a la mesa de negociaciones – pero de momento ha sido en vano. Un Gobierno que ignora el compromiso constitucional del país con el proceso de consulta y que impone un sistema salarial por el cual se congelan unos sueldos que no permiten a los trabajadores vivir con dignidad, es un Gobierno sometido a las órdenes de unos dirigentes corporativos que prefieren seguir explotando a los trabajadores”.

Los trabajadores de Filipinas informaron sobre un aumento alarmante de la violencia contra los líderes sindicales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, así como maniobras jurídicas como por ejemplo clasificar erróneamente a trabajadores de forma intencionada para excluirlos efectivamente de la protección que ofrece la legislación laboral. La elección del Presidente Duterte ha agravado aún más las preocupaciones, habida cuenta de su estilo autoritario, de su retórica violenta y de los vínculos que mantiene con determinados escuadrones de la muerte responsables de cientos de asesinatos.

Los trabajadores de Camboya explicaron, por su parte, que la nueva legislación laboral supone en realidad un enorme paso hacia atrás, y que ellos también han sido víctimas de la violencia antisindical y del acoso por medio de demandas judiciales.

“La decisión de enviar misiones de contactos directos de la OIT a estos tres países constituye una iniciativa positiva, y debería implicar una primera medida para garantizar que los Gobiernos afectados cumplan con sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional para proteger los derechos de los trabajadores”, ha indicado Burrow. “Los Gobiernos deberían aprovechar esta oportunidad para garantizar la libertad sindical y el derecho a la huelga, además de unos contratos de trabajo seguros, un salario mínimo decente y los derechos a la negociación colectiva”.

Los trabajadores de Bangladesh explicaron en la Conferencia de la OIT que, si bien se han tomado varias medidas para que las fábricas sean lugares más seguros, el Gobierno no ha hecho gran cosa para apoyar la libertad sindical. Los sindicatos siguen estando prohibidos en las zonas francas industriales del país, y no se está haciendo nada para penalizar a los empleadores que han eliminado sindicatos. El Gobierno se ha negado desde hace varios años a implementar las recomendaciones de la OIT, como consecuencia de lo cual la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT ha decidido incluir este año al país en su “lista negra” (lo que en el lenguaje de la OIT se conoce como un “párrafo especial”).

Malasia ha sido igualmente sometida a escrutinio por sus leyes en materia de negociación colectiva. Miembro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica propuesto, Malasia también tiene previsto implementar toda una serie de modificaciones de su legislación laboral con el fin de ajustarla al capítulo sobre temas laborales de dicho Acuerdo.

“Los países asiáticos constituyen el eje central de las cadenas de suministros mundiales, pero un modelo de mercado que paga unos salarios de miseria, que depende de un trabajo inseguro y a menudo peligroso y que se basa en la vulneración de los derechos fundamentales, no puede ser sostenible. Esperamos que los líderes nacionales opten por defender a sus pueblos y por proteger a los trabajadores y trabajadoras”, concluye Burrow.