Respaldada por el partido en el poder del Primer Ministro Hun Sen, la ley impondría, entre otras cosas, nuevas restricciones al derecho de huelga, además de facilitar la intervención del Gobierno en los asuntos internos de los sindicatos y permitir los intentos de terceras partes de disolver un sindicato – al tiempo que impone únicamente sanciones insignificantes a los empleadores que incurren en prácticas laborales injustas. Los sindicalistas que se manifestaban pacíficamente en el momento de votarse la nueva ley fueron agredidos con porras por matones del Gobierno, quedando varios de ellos heridos.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha expresado: “Camboya, con el respaldo de una federación local retrógrada de la industria de la confección, ha hecho presión siempre que ha podido para oponerse a unas condiciones de trabajo decente. Si no revierte esta tendencia pronto, el país se va a encontrar al margen de la industria de la confección mundial, y eso le pasará una factura enorme a la economía, que depende en gran medida de este sector. Las grandes empresas conocen los riesgos que implica, tanto para los trabajadores como para sus marcas corporativas, el hacer negocios en base a la represión de los trabajadores, y los consumidores de todo el mundo están cada vez más alerta y preocupados por el tipo de trato inhumando en las cadenas globales de suministro que esta legislación implica. Es preciso acabar con la violencia y el acoso judicial que el Gobierno ejerce contra quienes defienden los derechos fundamentales garantizados en virtud del Derecho internacional”.

La CSI está también profundamente preocupada por el hecho de que las acusaciones de provocación inventadas que se han presentado contra el entonces líder sindical Rong Chhun (actualmente miembro del Comité Electoral Nacional del partido de la oposición), en el contexto de las huelgas convocadas en 2014 por motivos salariales, están evolucionando hacia una posible imputación y juicio. Y hay otros sindicalistas que también podrían ser imputados en breve. Sin embargo, lo único que todas estas imputaciones y juicios van a conseguir es dejar más patente todavía el abuso por parte del Gobierno del Estado de derecho y la implantación de uno de los entornos más hostiles del sureste asiático para los trabajadores y trabajadoras.

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