La Cumbre del G7 decidió actuar ante los tremendos accidentes de trabajo ocurridos en las cadenas de suministro, tales como el colapso de la fábrica de ropa Raina Plaza en 2013, que costó la vida a más de 1200 trabajadores y trabajadoras. En su intervención en la reunión, el Secretario General de la TUAC, John Evans, afirmó que “sectores como la industria textil y de la confección venden productos y marcas del siglo XXI, pero con demasiada frecuencia en condiciones de trabajo y de seguridad de las fábricas del siglo XIX. Los gobiernos del G7 tienen que asegurarse de que esta situación no continúe”.

Los Ministros adoptaron la declaración que acordó establecer un fondo multi-donantes, el Vision Zero Fund (VZF), “con el objetivo de reducir y prevenir el número de muertes, lesiones graves y enfermedades relacionadas con el trabajo en las cadenas de suministro globales”. Va a apoyar y a complementar iniciativas como el “Acuerdo” Rana Plaza firmado entre los sindicatos, las marcas y las ONG a raíz de la tragedia. En la reunión, la Unión Europea, Estados Unidos, así como Alemania, se comprometieron a proporcionar el capital inicial para el fondo VZF. Elke Hannack, Vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos de Alemania, la DGB, señaló en la reunión: “El éxito del fondo VZF depende de la mayor participación posible, tiene que contar con la colaboración de los trabajadores y de sus representantes en sus lugares de trabajo y es preciso que apoye los derechos humanos fundamentales, el derecho a formar y afiliarse a sindicatos y de participar y ser consultados sobre las decisiones que involucran su salud y seguridad, elementos ausentes en muchas partes de las cadenas de suministro globales”. El fondo VZF, que entrará en funcionamiento en enero de 2016, será administrado por la Organización Internacional del Trabajo, con la supervisión tripartita.

Además de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, que establecen un concepto más amplio de la “debida diligencia” como expectativa fundamental de la conducta empresarial responsable, los Ministros también acordaron desarrollar un “entendimiento común” sobre la debida diligencia y la “gestión responsable de la cadena de suministro”. Sin embargo, como Hannack indicó en la reunión, “La responsabilidad social corporativa voluntaria no ha dado resultado, está claro que no es suficiente”. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, al comentar la declaración ministerial señaló que “Otros países del G7 deberían seguir el ejemplo de Francia, e introducir una legislación que haga obligatoria la ‘debida diligencia’ para los derechos humanos”.

Los Ministros también discutieron cómo fortalecer las Directrices de la OCDE sobre las empresas multinacionales y dar seguimiento al compromiso de la Cumbre de los Líderes para “predicar con el ejemplo” y asegurarse de que los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) de sus propios países destinados a la gestión de estas Directrices sean eficaces. Estuvieron de acuerdo en llevar a cabo “revisiones entre homólogos” de las Directrices para el año 2018. Entre tanto, una declaración conjunta de TUAC, BIAC y ONG, a través de OECD Watch pidió a la OCDE proporcionar los recursos necesarios para financiar esta iniciativa. Asimismo, pidió a los gobiernos equipar a sus Puntos de Contacto Nacionales con recursos humanos y materiales adecuados.

Por último, John Evans indicó que “los ministros del G7 han acordado algunas medidas prácticas que de ser aplicadas podrían influir positivamente en las vidas de los trabajadores y las trabajadoras, pero ahora tanto los gobiernos como las empresas tienen que ponerlas en práctica”.