"Hay un largo legado de discriminación en contra de los trabajadores de ascendencia haitiana y sus familias", expresó Feingold, que moderó un panel sobre el tema el martes en Washington, D.C.
"La Pérdida de Ciudadanía y Deportación Masiva de Familias de Ascendencia Haitiana de la República Dominicana" reunió a expertos que examinaron los obstáculos casi imposibles que los dominicanos de ascendencia haitiana deben superar para calificar a un estatus que les permita solicitar la naturalización. El 17 de junio era la fecha límite para registrarse con el gobierno, que todavía no ha comenzado las deportaciones masivas.
Aunque el gobierno anunció que el proceso de registro sería gratis, diciendo que solo se necesitarían unos pocos documentos, la realidad ha sido muy diferente, afirmó Maritza Vargas, Secretaria General de SITRALPRO, el sindicato de trabajadores del Proyecto de Alta Gracia en la República Dominicana.
Hablando en el panel, ella dijo que cuando los trabajadores trataron de registrarse en las oficinas del gobierno, primero se les dijo que precisaban un par de documentos, pero luego se les informó que necesitarían hasta 12 documentos. Juntarlos tiene un costo equivalente a dos o más sueldos mensuales, un monto que los trabajadores pobres no pueden pagar. Los obstáculos se ven agravados por la incapacidad del gobierno haitiano de proveer rápidamente los documentos y porque el gobierno dominicano no abrió oficinas con suficiente personal para procesar todos los registros.
El gobierno dominicano justifica su acción para deportar a los dominicanos de ascendencia haitiana sosteniendo que todos tuvieron la oportunidad de registrarse, dijo Wade McMullen, abogado del Programa de Derechos Humanos del Centro por los Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Sin embargo, "el gobierno creó un sistema en el cual no pueden ganar. Bajo el pretexto de Estado de derecho, decenas de miles de ciudadanos dominicanos están siendo convertidos en inmigrantes indocumentados".
Debido a una sentencia emitida en 2013 por el Tribunal Constitucional, las personas nacidas en la República Dominicana —muchas de las cuales solo hablan español y jamás han estado en Haití— deben renunciar a su ciudadanía dominicana y solicitar documentación haitiana, dijo Lauren Stewart, Oficial de Programa Sénior para la República Dominicana y Haití del Centro de Solidaridad.
Un informe de 2014 del Centro de Solidaridad y la AFL-CIO declaró que la sentencia era un "abuso flagrante de los derechos humanos fundamentales y una clara violación del derecho internacional".
Si bien un decreto presidencial posterior reconoció la ciudadanía de unas 68,000 personas, otros 130,000 nativos dominicanos que nunca tuvieron documentos se vieron forzados a probar su nacimiento en la República Dominicana a fin de solicitar ciudadanía haitiana y solicitar la regularización en su país de nacimiento con documentos haitianos. Solo unas 10,000 de estas personas presentaron la solicitud bajo este plan. Los dominicanos de ascendencia haitiana y los trabajadores inmigrantes haitianos constituyen por lo menos el 6% de la población dominicana, afirmó Stewart.
La Red de Apoyo a los Trabajadores Migrantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y el Movimiento Justicia Migratoria están pidiendo que se extienda el plan de regularización por lo menos hasta fin de año. La coalición, que incluye a los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes, se formó en 2014 durante una sesión de capacitación para el apoyo organizada por el Centro de Solidaridad. El Centro de Solidaridad y sus socios sindicales han realizado sesiones de capacitación con trabajadores sobre el proceso de regularización y prestan ayuda a los que quieren registrarse con el gobierno.
Este artículo se publicó originalmente en el sitio del Centro de Solidaridad haga un clic aquí para leerlo.
