Viene esto a cuento con respecto al problema velado durante décadas por el crecimiento económico, que se ha hecho visible tras la crisis y que muchos consideramos como parte de la causa de la misma: la creciente desigualdad junto con la pérdida de porcentaje de rentas salariales en el PIB mientras ha crecido el número de los trabajadores y la paulatina pérdida de peso del gasto público alimentado por un sistema fiscal cada vez más regresivo.
Estas dinámicas coincidentes son derivadas de una economía globalizada, con el aumento del comercio internacional y la mayor competencia vía precios, con libertad de movimientos de capital y ahorro, sin normas universales laborales, ecológicas, fiscales, etc., que provocan basculaciones productivas, rebaja de costes sociolaborales (de ahí la reducción de prestaciones sociales) para mantener o captar producciones, inversiones y ahorro y que tienen las consecuencias antes anunciadas.
Sí, hay una formal preocupación por parte del G-20 y de la OCDE, el club de los países ricos, sobre los paraísos fiscales o la desigualdad. Pero, mientras escriben informes y diseñan acuerdos de cooperación fiscal, siguen vigentes los paraísos fiscales y las ventajas fiscales discrecionales y figuras impositivas en muchos países que tan solo operan como privilegios para unos pocos como se ha comprobado en el Luxemburgo de Juncker y que, en el fondo, no hacen más que incrementar la competencia fiscal desleal.
Hay muchos paraísos fiscales dado que hay muchas jurisdicciones singulares en muchos países. Y sobre todo, muchos tratamientos abusivos en cada uno de ellos, como las SICAV, las Entidades de tenencia de valores extranjeros y los créditos fiscales tax lease en España; el ninguneo fiscal de las multinacionales con su planificación fiscal agresiva y el pago de patent box o la gran capacidad para posibilitar el fraude en las empresas digitales, funcionando todos ellos como paraísos fiscales bajo una “aparente” legalidad.
En todas partes hacen que empresas, sus grandes inversores o propietarios, los defraudadores de dinero negro, los corruptos, los traficantes de armas o de cualquier producto puedan seguir atesorando y dejar de contribuir, mientras los ciudadanos y trabajadores vemos como se reducen nuestros derechos y las prestaciones sociales.
Si a este pastel opaco de los paraísos fiscales que puede suponer 20 billones de euros ocultos y una omisión de pago de impuestos de algún billón de euros tan solo en la Unión Europea, suficiente para arreglar varios problemas de la humanidad, le sumamos el aplanamiento de la progresividad fiscal, el aumento del peso de los impuestos indirectos, como el IVA, en la recaudación fiscal, entenderemos como el uno o el 10 por ciento de la población mundial acaparan más del 50 y el 83 por ciento de la riqueza mundial. De seguir así, el año próximo el 1% más rico concentrará ya más riqueza que el 99% restante.
Si ponemos lo que ha estado ocurriendo durante décadas por el uso de los paraísos fiscales y el achatamiento de la progresividad fiscal y sus consecuencias en lo que respecta a la redistribución y a la insuficiencia pública para resolver los problemas ya sean en Uganda o con la miseria en México, Chicago, Barcelona o Bhopal entenderemos que es urgente y prioritario en la agenda internacional focalizar el problema de la fiscalidad, el agujero delincuencial de los paraísos fiscales y la competitividad fiscal inducida por las multinacionales y grandes propietarios de la riqueza.
Por fortuna, nos encontramos con los preparativos de una conferencia de alto nivel en Addis Abeba (Etiopía) en julio de este año sobre financiación al desarrollo, en el marco de las discusiones del escenario estratégico de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles post 2015, que cogen el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se aprobaron en las Naciones Unidas en el año 2000.
Gran parte de estas prácticas abusivas de grandes multinacionales en el juego internacional son el resultado de un sistema fiscal internacional que está desequilibrado a favor de los intereses de grandes países y en el que la falta de cooperación fiscal y de verdadera voluntad política impiden que se cierren los agujeros por los que se escapan recursos vitales para defender una política social más justa en todos los países.
De ahí nuestra reivindicación que en esa Cumbre Fiscal Mundial se discutan estos aspectos de la justicia fiscal, con todos los países en igualdad de condiciones y refuercen los elementos de una financiación del desarrollo cohesionador como pasos previos a la puesta en marcha de un organismos fiscal intergubernamental, como parte de las Naciones Unidas que tenga como finalidad la toma de objetivos, medidas para llevarlos a cabo, calendario y fórmulas de seguimiento e incluso sanciones sobre la fiscalidad mundial. Ese sería un paso trascendental para el desarrollo cohesionador de la humanidad.
No es suficiente que la OCDE, ahora diga preocuparse de la desigualdad cuando ha estado conviviendo y albergando desde su nacimiento con jurisdicciones opacas y transgresoras de una mínima fiscalidad. Y la reforma que ha puesto en marcha bajo el mandato del G20 para frenar las prácticas de ingeniería fiscal de grandes empresas pueden resultar totalmente insuficientes o sesgadas a favor de los intereses de unos cuantos países.
¿Cómo se puede dar más audiencia a esos países-gobiernos-jurisdicciones que a los que padecen las consecuencias? Por eso tiene que ser bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Y los Gobiernos tienen que acatar las voces de la ciudadanía y no a los de las multinacionales o a los detentadores de la riqueza. La justicia fiscal es una prioridad y la falta de ella tiene que ser resuelta. Es nuestra agenda.
